Caracas, 25 de agosto de 2021 (Lusa) – El Centro Venezolano Defensores y Justicia (CPDJ) reveló que Venezuela registró 140 ataques estatales contra activistas de derechos humanos en julio, la cifra más alta registrada hasta la fecha en el país.
“El derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos está en constante ataque por parte del Estado. El ambiente para su ejercicio es más hostil y adverso a medida que se profundiza la política de criminalización ”, explica la ONG en un informe difundido este martes en Caracas.
En el primer semestre de 2021, el CPDJ registró 374 ataques contra defensores de derechos humanos, 99 de ellos en enero, 28 en febrero, 56 en marzo, 115 en abril, 48 en mayo y 28 en junio pasado.
En el informe, la ONG dice que de los 140 ataques de julio, 112 siguen el patrón de estigmatización, 14 de intimidación y acoso, 5 de detenciones arbitrarias, 4 de judicialización, 2 de allanamientos y 3 por otros motivos.
“El Estado venezolano está intensificando su política de criminalización de organizaciones y defensores de derechos humanos. Se profundiza la lógica de un enemigo interno y aumentan los riesgos para quienes están en la línea de acción, defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos ”, explica el documento.
Según la ONG, “la violencia y la represión estatal se siguen ejerciendo como una forma de limitar las acciones de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas para reducir el espacio cívico y democrático en el país”. .
El CPDJ subraya que “el trabajo de documentación, denuncia, visibilidad y seguimiento” no puede ser visto como un delito y que “la cooperación, la interacción y la incidencia internacional son acciones legítimas” que el Estado no debe criminalizar.
“La violencia estatal continúa manifestándose de diversas formas contra la sociedad civil. La represión, el control social y la política de criminalización continúan afectando especialmente a las personas, las organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria. Mediante agresiones, limitaciones legales y trabas administrativas, el Estado afecta el trabajo legítimo de las personas y organizaciones. La sistematización de patrones represivos es una prueba de la violación del derecho a la defensa y la reivindicación de los derechos humanos en Venezuela ”, explica.
Según el CPDJ, en julio se intensificaron las campañas de estigmatización y acusaciones por parte de altos funcionarios del Estado, acusando a las organizaciones de “desestabilizadoras”, “injerencias” y “terroristas”, es decir.
Por otro lado, se incrementaron «las detenciones y acusaciones contra personas y organizaciones consideradas enemigas, por ser inconvenientes para los intereses del Estado», mientras que los activistas fueron amenazados con procesos judiciales y aplicación de instrumentos normativos creados con el propósito de impedimento, criminalización y control. .
“Se intensifica el uso de la legislación y los tribunales contra el terrorismo y el crimen organizado para criminalizar a defensores y defensoras y quienes reclaman derechos (…) la medida profundiza el cierre del espacio cívico democrático en el país”, agrega.
Sin embargo, según el CPDJ “la sociedad civil se ha mantenido unida, demostrando que la promoción y defensa de los derechos es necesaria ante la compleja emergencia humanitaria que existe en el país”.
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