La Asamblea Nacional confirmó una revisión de expedientes judiciales, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen sus reclamos y esperan información verificable sobre las próximas liberaciones.

Redacción: Redacción Venezuela Adentro

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció el 12 de noviembre de 2026 que se realizarán nuevas excarcelaciones como parte de un proceso de revisión de casos judiciales. Sin embargo, el anuncio no estuvo acompañado de una lista pública de beneficiarios, un calendario de liberaciones ni información detallada sobre los criterios que determinarán cuáles expedientes serán examinados.

La decisión se produce en medio de las conversaciones entre representantes del Gobierno y una delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, así como de las solicitudes de organizaciones defensoras de derechos humanos que reclaman respuestas sobre personas detenidas por motivos políticos.

La principal interrogante es qué consecuencias concretas tendrá el anuncio para quienes permanecen privados de libertad y para sus familiares, que esperan conocer si sus casos serán incluidos en el procedimiento.

Diputados participarán en la revisión de expedientes

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, informó que los parlamentarios participarán en la revisión de distintos casos con el propósito de facilitar las liberaciones que correspondan conforme a los procedimientos legales.

Según sus declaraciones, recogidas por El Pitazo, la iniciativa responde a instrucciones de las autoridades nacionales y forma parte de un proceso de transformación del sistema de justicia penal impulsado durante 2026.

Infante vinculó las revisiones con las consultas desarrolladas alrededor de la reforma de la justicia penal. No obstante, no precisó cuántas personas podrían beneficiarse, qué organismos adoptarían las decisiones definitivas ni cuándo comenzarían a ejecutarse las medidas.

Estas distinciones son importantes porque una revisión parlamentaria no equivale automáticamente a una orden judicial de excarcelación. Cada caso puede requerir actuaciones de los tribunales y de las autoridades responsables de ejecutar las decisiones.

Dos explicaciones sobre el origen del anuncio

La comunicación parlamentaria llegó pocos días después de que Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y participante en las conversaciones con el oficialismo, anticipara nuevas liberaciones.

El 8 de noviembre, Figuera explicó que había conversado con Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento actual, quien le había comunicado que se aproximaba un anuncio sobre la salida de más personas detenidas.

La dirigente presentó las posibles excarcelaciones como uno de los asuntos abordados en las negociaciones y reiteró su solicitud de que todas las personas consideradas presas políticas recuperen su libertad.

Por su parte, Pedro Infante sostuvo que la iniciativa parlamentaria estaba relacionada con la reforma penal y no con las declaraciones de Figuera.

Las dos posiciones muestran diferencias sobre el origen político e institucional de las medidas. Sin embargo, ninguna de ellas permite establecer por sí sola cuántas liberaciones se producirán efectivamente.

Foro Penal contabiliza 321 presos políticos

De acuerdo con el balance de Foro Penal correspondiente al 9 de noviembre de 2026, la organización registraba 321 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

El desglose presentado por la ONG incluía 306 hombres y 15 mujeres. Del total, 181 eran civiles y 140 militares.

Se trata de cifras elaboradas por una organización independiente conforme a sus criterios de documentación. Las autoridades venezolanas mantienen una posición diferente y rechazan que esas detenciones deban calificarse como políticas.

La existencia de registros con criterios distintos hace especialmente importante que cualquier nuevo proceso de liberaciones pueda comprobarse mediante información individualizada y actualizada.

Además de confirmar la salida física de los centros de reclusión, resulta necesario conocer las condiciones jurídicas de cada medida. Una excarcelación puede producirse sin que termine el procedimiento penal o desaparezcan todas las restricciones impuestas a la persona beneficiada.

La situación en Ramo Verde aumenta las preocupaciones

El anuncio también coincide con denuncias sobre las condiciones de reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda.

El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que 36 personas detenidas habían iniciado o se habían sumado a una huelga de hambre para reclamar respuestas sobre sus procesos y condiciones de encarcelamiento.

Según la organización, entre los participantes se encontraban militares vinculados con el denominado caso Cotiza y otras causas judiciales.

El observatorio denunció restricciones de acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias durante la protesta. Estas afirmaciones corresponden a la información difundida por la organización y requieren una respuesta de las autoridades responsables del establecimiento.

La situación plantea preguntas sobre las condiciones de atención médica, las garantías procesales y los mecanismos disponibles para atender los reclamos de las personas privadas de libertad.

Las familias esperan decisiones comprobables

Los anuncios de excarcelaciones tienen consecuencias directas para las familias que permanecen pendientes de los procesos judiciales de sus allegados.

En Venezuela Adentro documentamos recientemente la vigilia de familiares frente al centro penitenciario Rodeo I, donde continúan las solicitudes de libertad, atención médica e información sobre los expedientes.

También informamos sobre la excarcelación del empresario zuliano José Enrique Rincón, un caso en el que la salida del establecimiento penitenciario no resolvió automáticamente todas las interrogantes sobre su situación judicial y patrimonial.

Estos antecedentes muestran por qué es necesario distinguir entre el anuncio de una medida, su ejecución y las condiciones legales que permanecen después de la liberación.

Qué información falta por conocer

Hasta el anuncio del 12 de noviembre, no se había presentado públicamente una relación completa de los expedientes que serían revisados ni un cronograma verificable para las excarcelaciones.

También permanece pendiente aclarar qué participación tendrán los tribunales, si las decisiones incluirán a civiles y militares, y qué garantías existirán para que los beneficiarios conozcan las condiciones de su situación jurídica.

La cuarta ronda de conversaciones entre las delegaciones políticas estaba prevista para comenzar este viernes 13 de noviembre, con una agenda que incluye reformas legales y garantías para la participación política.

El desarrollo de esas reuniones podría aportar nuevas precisiones, pero cualquier acuerdo deberá distinguirse de las decisiones judiciales efectivamente ejecutadas.

Para los familiares, el indicador más importante no será la cantidad de anuncios, sino la identificación de los beneficiarios, la emisión de las decisiones correspondientes y la confirmación de que las personas han recuperado su libertad bajo condiciones conocidas.

Fuentes referenciales:
El Pitazo — Asamblea Nacional anuncia excarcelaciones, 12 de noviembre de 2026
El Pitazo / EFE — Dinorah Figuera anticipa nuevas liberaciones, 8 de noviembre de 2026
El Pitazo — Cuarta ronda de conversaciones y reformas legales, 11 de noviembre de 2026
El Pitazo — Dinorah Figuera y las expectativas de liberación, 11 de noviembre de 2026