Una investigación de Anova Policy Research estima que las deficiencias de los servicios públicos reducen la participación laboral y representan una pérdida de aproximadamente 1.600 millones de dólares para la economía venezolana.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
La crisis de los servicios públicos en Venezuela tiene consecuencias que van mucho más allá de los apagones y la escasez de agua. También limita las posibilidades de conseguir empleo, reduce el tiempo disponible para trabajar y obliga a numerosas familias a dedicar buena parte de sus jornadas a resolver necesidades domésticas esenciales.
Una investigación publicada el 18 de septiembre de 2026 por Anova Policy Research estima que las deficiencias del suministro eléctrico y de agua potable están asociadas con la exclusión de aproximadamente 494.763 personas del mercado laboral venezolano.
El estudio, titulado «Colapso de los servicios públicos: Los costos de la crisis de electricidad y agua sobre el mercado laboral de Venezuela», analiza cómo el deterioro de la infraestructura condiciona la actividad económica de los hogares.
Sus resultados adquieren especial relevancia ante las nuevas interrupciones eléctricas y protestas ciudadanas registradas durante noviembre en distintas regiones del país.
Siete de cada diez hogares enfrentan servicios deficientes
Según Anova Policy Research, el 70,2 % de los hogares venezolanos experimentó durante 2026 condiciones precarias en el suministro de electricidad, agua potable o ambos servicios.
La proporción representa un aumento considerable respecto a 2025, cuando el indicador se situó en 48,5 %. En 2024 había alcanzado el 59,5 %.
Los investigadores elaboraron un Índice de Precariedad de Servicios a partir de la Encuesta de Formación de Ingresos y Gastos, conocida como EFIG, que permite examinar las condiciones de los hogares y su relación con la actividad económica.
El deterioro más pronunciado se observa en el suministro eléctrico. La proporción de viviendas que experimentan cortes diarios pasó del 37,1 % en 2024 al 62,8 % en 2026.
Mientras tanto, los hogares que reciben electricidad de manera continua representan apenas el 6,9 %, frente al 8,2 % registrado dos años antes.
Estos indicadores muestran que las interrupciones dejaron de ser un problema ocasional para convertirse en una condición habitual en buena parte del territorio nacional.
El tiempo destinado a conseguir agua también tiene un costo
La situación del abastecimiento de agua presenta dificultades igualmente importantes. Durante 2026, el 35,8 % de los hogares reportó una frecuencia insuficiente del suministro por tuberías.
Uno de los datos más preocupantes es el aumento de las familias que reciben agua menos de un día por semana. Su proporción pasó del 15,4 % en 2024 al 22,1 % en 2026.
Cuando el agua no llega regularmente a las viviendas, sus habitantes deben reorganizar sus actividades para almacenar el líquido, trasladar recipientes, conseguir abastecimiento alternativo o esperar la restitución del servicio.
Estas tareas consumen horas que podrían destinarse al empleo remunerado, la formación profesional o el desarrollo de pequeños emprendimientos.
La investigación describe esta situación mediante el concepto de impuesto de tiempo: una carga que no se paga directamente con dinero, sino con horas de trabajo potencialmente productivas.
Las familias con menos recursos económicos enfrentan mayores dificultades para compensar las fallas mediante tanques de almacenamiento, sistemas eléctricos propios o servicios privados de abastecimiento.
La precariedad reduce las oportunidades de empleo
El estudio examinó la participación económica de personas entre 15 y 64 años, comparando hogares con servicios relativamente estables y viviendas afectadas por deficiencias severas.
En los hogares sin precariedad, la tasa de participación laboral alcanzó el 66,5 %. Entre quienes viven con dificultades de electricidad o agua, descendió al 60,2 %.
La diferencia observada es de 6,3 puntos porcentuales. Después de aplicar controles estadísticos por otras características individuales y familiares, los investigadores estimaron una reducción asociada de 4,4 puntos en la probabilidad de participar en el mercado laboral.
La tasa de ocupación también presentó diferencias. Entre las personas con servicios estables se situó en 62,5 %, mientras que en los hogares con precariedad alcanzó el 56,6 %.
Tras los ajustes del modelo, la brecha estimada fue de 3,9 puntos porcentuales.
Estas cifras no significan que cada persona desempleada haya perdido su puesto exclusivamente por un apagón o una interrupción de agua. Representan estimaciones estadísticas del efecto laboral asociado con las deficiencias de los servicios públicos.
Casi 495.000 trabajadores menos y pérdidas millonarias
Al trasladar los resultados de su modelo al conjunto de la población, Anova calcula que la precariedad de los servicios equivale a aproximadamente 494.763 personas que no participan en la ocupación laboral.
La investigación estima que esta exclusión representa 1.159,4 millones de dólares en remuneraciones laborales que dejan de percibirse, una cantidad equivalente al 1,04 % del producto interno bruto estimado para 2026.
Cuando se considera el valor de la producción que estos trabajadores podrían generar, el costo asciende a aproximadamente 1.600 millones de dólares, equivalentes al 1,4 % del PIB.
Se trata de estimaciones económicas construidas mediante un modelo de investigación, no de pérdidas contabilizadas individualmente en empresas o instituciones.
Además, los cálculos no incorporan completamente las consecuencias sobre la productividad de quienes conservan su empleo, pero deben interrumpir sus actividades debido a los apagones.
Un taller que detiene sus máquinas, un comercio que pierde productos refrigerados o una persona que no puede utilizar sus equipos de trabajo ilustran mecanismos adicionales mediante los cuales la inestabilidad de los servicios afecta la actividad económica.
Las mujeres soportan una carga laboral desigual
Uno de los hallazgos más significativos de la investigación está relacionado con las diferencias entre hombres y mujeres.
En los hogares que cuentan con servicios relativamente estables, las mujeres ocupadas trabajan en promedio 3,2 horas semanales menos que los hombres en actividades remuneradas.
Cuando existen deficiencias de agua o electricidad, esa diferencia aumenta hasta 5,6 horas semanales.
El incremento de 2,4 horas representa una ampliación del 75 % de la brecha entre ambos grupos.
Según los investigadores, las dificultades de abastecimiento suelen incrementar las responsabilidades domésticas que recaen sobre las mujeres, reduciendo sus posibilidades de dedicar tiempo al empleo remunerado.
En contraste, el estudio identifica que los hombres de hogares con servicios precarios trabajan, en promedio, 1,7 horas semanales más que aquellos que viven en hogares sin esas deficiencias, posiblemente como mecanismo de compensación de ingresos.
Los resultados muestran que el deterioro de los servicios públicos no afecta de manera uniforme a todos los integrantes de una familia.
Los apagones de noviembre muestran la vigencia del problema
Los resultados de Anova corresponden a una investigación publicada en septiembre, pero los acontecimientos posteriores muestran que las dificultades de suministro siguen presentes.
Durante los primeros días de noviembre se registraron nuevas protestas por interrupciones eléctricas en Aragua, Carabobo, Lara, Cojedes y Falcón.
En Carabobo, por ejemplo, vecinos de Valencia y Los Guayos denunciaron apagones prolongados y exigieron soluciones a las averías eléctricas durante las últimas jornadas de octubre.
El 2 de noviembre, una investigación periodística publicada por El País también documentó dificultades de abastecimiento de agua y electricidad en distintas regiones venezolanas, con testimonios de familias que deben recurrir a mecanismos alternativos para cubrir sus necesidades.
Estos acontecimientos no constituyen una nueva medición de los indicadores de Anova, pero permiten observar cómo persisten las condiciones que el estudio identifica como obstáculos para el empleo.
Recuperar los servicios también significa recuperar oportunidades
La investigación plantea que mejorar la continuidad del agua y la electricidad tendría consecuencias positivas sobre la capacidad productiva del país.
Un suministro confiable permitiría reducir el tiempo destinado a resolver problemas domésticos, facilitaría el funcionamiento de pequeños negocios y mejoraría las condiciones para incorporarse al mercado laboral.
También podría disminuir las diferencias de participación económica entre hombres y mujeres, especialmente en los hogares donde las tareas de abastecimiento recaen de manera desigual.
Sin embargo, los autores advierten que las medidas temporales de racionamiento o reducción de jornadas laborales no sustituyen las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura.
La investigación aporta una dimensión adicional al debate sobre los servicios públicos venezolanos: la electricidad y el agua no son únicamente condiciones de bienestar doméstico, sino elementos esenciales para sostener el empleo y la producción nacional.
Las cifras de Anova permiten dimensionar ese impacto, aunque su evolución deberá comprobarse mediante nuevas encuestas y mediciones económicas.
Fuentes referenciales:
Anova Policy Research — Colapso de los servicios públicos: los costos de la crisis de electricidad y agua sobre el mercado laboral de Venezuela, 18 de septiembre de 2026
El Pitazo — Informe sobre el impacto laboral de la crisis de los servicios públicos, 19 de septiembre de 2026
El País — Vivir sin agua y sin luz en Venezuela, 2 de noviembre de 2026
El Pitazo — Protestas por apagones en cinco estados, 4 de noviembre de 2026
