Alrededor de 400 familias de las OPPE 30 y 34 aseguran que la clasificación oficial de sus edificios les impide tramitar financiamiento para adquirir nuevas viviendas después de los terremotos de junio.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
Alrededor de 400 familias de los conjuntos residenciales OPPE 30 y OPPE 34, ubicados en Caraballeda, estado La Guaira, solicitaron a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda que revise y actualice la clasificación de sus edificios. Los afectados denuncian que una diferencia entre las etiquetas de inspección y los registros oficiales les impide avanzar en las solicitudes de créditos bancarios para adquirir nuevas viviendas.
La petición fue difundida el 1 de noviembre de 2026, más de cuatro meses después de los terremotos que afectaron la región el 24 de junio. Aunque los residentes aseguran que las estructuras quedaron inhabitables, los documentos disponibles no reflejarían la condición exigida por las entidades financieras para procesar sus solicitudes.
El reclamo plantea una dificultad que va más allá de los daños materiales: para las familias, no basta con que una vivienda haya sido declarada insegura si esa condición no coincide con los requisitos administrativos del programa de financiamiento.
Una etiqueta roja que no permite avanzar
Las edificaciones afectadas cuentan con etiquetas rojas que restringen el acceso por razones de seguridad. Sin embargo, según los residentes, en el sistema utilizado para evaluar los créditos no aparecen clasificadas como estructuras colapsadas.
Félix Pineda, uno de los afectados, explicó a Unión Radio que las identificaciones colocadas en los inmuebles no contienen la información que solicitan las instituciones bancarias.
El vecino sostuvo que los bancos requieren una clasificación que indique expresamente que la edificación está colapsada para poder aprobar el financiamiento.
La diferencia entre ambas denominaciones se ha convertido en el centro del problema. Una etiqueta de acceso prohibido identifica una condición de riesgo, mientras que la categoría de colapso puede tener consecuencias administrativas distintas.
No obstante, corresponde a una evaluación técnica determinar el estado real de cada inmueble. La solicitud de los vecinos no sustituye esa inspección ni significa que todos los edificios presenten necesariamente las mismas condiciones estructurales.
Los vecinos denuncian cambios en los registros
Oriana Cardona, otra de las residentes afectadas, afirmó que inicialmente las edificaciones figuraban en el sistema bajo la clasificación de colapsadas, pero que posteriormente se restringió el acceso a esa información.
Según su testimonio, las autoridades habían anunciado la sustitución de las etiquetas. Sin embargo, las nuevas identificaciones continuaron señalando la prohibición de acceso, sin incorporar la condición que, de acuerdo con los afectados, exige la banca pública.
Los vecinos aseguran que llevan aproximadamente tres meses enfrentando este obstáculo y solicitan una nueva inspección para que la clasificación técnica y el registro administrativo reflejen adecuadamente el estado de sus viviendas.
Hasta la información consultada para esta publicación, no se había localizado una explicación pública detallada de la Comisión de Habitabilidad y Vivienda sobre la diferencia entre ambas clasificaciones ni una fecha confirmada para efectuar las nuevas evaluaciones.
El problema se suma a otras dificultades para obtener financiamiento
Las trabas denunciadas en las OPPE 30 y 34 se producen en un contexto en el que otros damnificados de La Guaira también han señalado dificultades para acceder a los créditos habitacionales anunciados después de los terremotos.
Una investigación publicada por El Pitazo el 30 de septiembre documentó problemas relacionados con los requisitos de financiamiento, la documentación de propiedad y la falta de procedimientos uniformes para los solicitantes.
En determinados casos, los afectados deben presentar comprobantes de ingresos y antecedentes bancarios, además de acreditar su situación habitacional después del desastre.
Para quienes no pueden regresar a sus viviendas, cada requisito pendiente puede prolongar el período de alojamiento temporal y retrasar la posibilidad de recuperar una residencia permanente.
Qué debe aclararse para resolver el caso
El reclamo de las familias requiere respuestas de las instituciones encargadas de evaluar los edificios y de las entidades financieras que procesan las solicitudes.
Una primera cuestión es determinar qué documento acredita oficialmente que una vivienda no puede ser habitada y qué clasificación resulta válida para acceder al programa de créditos.
También debe aclararse si los inmuebles señalados con etiquetas rojas necesitan una nueva inspección estructural o si es suficiente corregir la información incorporada al registro administrativo.
Por último, los residentes necesitan conocer los plazos de revisión y los mecanismos disponibles para reclamar cuando la información de sus expedientes no coincide con las evaluaciones realizadas.
Cuatro meses después, la recuperación sigue pendiente
Las familias de Caraballeda no están solicitando únicamente una modificación de las etiquetas colocadas en sus edificios. Buscan que el resultado de las inspecciones tenga reconocimiento administrativo y les permita iniciar los trámites para conseguir una vivienda segura.
La revisión de los registros podría resolver uno de los obstáculos denunciados, aunque no garantiza por sí misma la aprobación de los créditos, que dependerá también de las condiciones establecidas por cada institución financiera.
Mientras tanto, alrededor de 400 familias esperan que las autoridades determinen cómo corregir las discrepancias y establezcan un procedimiento claro para continuar sus solicitudes.
El caso de las OPPE 30 y 34 muestra que la recuperación posterior a un desastre también depende de decisiones administrativas capaces de facilitar, o retrasar, el regreso de las familias a una vivienda permanente.
Fuentes referenciales:
Caraota Digital — Solicitud de los damnificados de las OPPE 30 y 34
El Nacional — Familias de Caraballeda exigen actualizar las etiquetas de sus edificios
El Público TV — Testimonios de afectados y solicitud de reclasificación, 1 de noviembre de 2026
Diario 2001 — Requisitos bancarios y clasificación de los inmuebles, 1 de noviembre de 2026
Diario Versión Final — Familias de Caraballeda y dificultades de financiamiento, 1 de noviembre de 2026
