Los allegados de personas acusadas de terrorismo en zonas fronterizas solicitaron garantías procesales, revisión de condenas y respuestas institucionales tras reunirse con representantes del Estado.
Redacción Venezuela Adentro
31 de octubre de 2026
Familiares de 47 personas detenidas por presuntos vínculos con grupos armados en zonas fronterizas de Venezuela solicitaron que se revise su situación judicial, al denunciar que sus allegados llevan entre cuatro y cinco años privados de libertad sin recibir una sentencia definitiva.
Los afectados forman parte del denominado caso Tancol, una investigación relacionada con acusaciones de terrorismo que ha generado reclamos de familiares por las condiciones de las detenciones y el desarrollo de los procesos judiciales.
El 29 de octubre de 2026, integrantes del Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol sostuvieron reuniones con representantes de instituciones del Estado para exponer sus solicitudes. La información fue difundida al día siguiente por la organización Surgentes y recogida por El Pitazo.
Familias buscan respuestas después de varios años
Los denunciantes sostienen que 47 personas permanecen bajo detención preventiva desde hace varios años y consideran que deben revisarse los plazos y las condiciones de esa medida.
Entre sus solicitudes figura la posibilidad de que los acusados continúen sus procesos judiciales en libertad, conforme a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico venezolano y a la evaluación individual que corresponda a cada expediente.
El comité también representa a familiares de otras 23 personas que ya recibieron condenas. En esos casos, solicitan que se examinen las sentencias mediante los recursos judiciales disponibles.
En conjunto, la organización reúne a allegados de 70 personas vinculadas a estos procedimientos.
Denuncias que requieren investigación
Los familiares denunciaron presuntas torturas, períodos de incomunicación, desapariciones temporales, presentación tardía ante tribunales y supuesta fabricación de pruebas.
Estas acusaciones fueron atribuidas por los denunciantes a actuaciones de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Se trata de señalamientos graves que requieren investigaciones independientes, documentación verificable y las correspondientes actuaciones judiciales. La información pública consultada no permite determinar la responsabilidad individual de funcionarios ni establecer la situación probatoria completa de cada expediente.
El comité sostiene que parte de los acusados son campesinos, pescadores y trabajadores de comunidades fronterizas. Sus representantes consideran que existe un problema de criminalización de personas en condiciones económicas vulnerables.
Ese planteamiento corresponde a la posición de los familiares y de la organización que los acompaña, y debe distinguirse de cualquier conclusión judicial.
Dos reuniones con representantes del Estado
Durante la mañana del 29 de octubre, los integrantes del comité se reunieron con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Félix Osorio, en un encuentro en el que también participó el Programa de Paz y Convivencia Democrática.
Posteriormente, los familiares acudieron a una reunión con la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato.
Ante ambas instancias expusieron sus reclamos y solicitaron que se revisen las garantías procesales aplicadas a sus allegados.
La reunión con la Defensoría del Pueblo incluyó peticiones relacionadas con el principio de juzgamiento en libertad y con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
El reporte difundido no detalla cuáles fueron las respuestas concretas ofrecidas por los representantes institucionales ni informa sobre decisiones judiciales adoptadas después de esos encuentros.
El derecho a una respuesta judicial
La prolongación de una medida de privación de libertad sin sentencia plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los plazos procesales y la necesidad de revisar periódicamente su justificación.
La existencia de una acusación penal no elimina las garantías de defensa, debido proceso y control judicial de las medidas cautelares. Al mismo tiempo, cualquier decisión sobre la situación de los procesados debe considerar los expedientes y las disposiciones legales aplicables.
Los familiares solicitan que las instituciones examinen esos aspectos de manera individual y que se investiguen las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas.
En el caso de las 23 personas condenadas, la petición se orienta a revisar las sentencias y determinar si existen fundamentos jurídicos para nuevos procedimientos.
Una demanda que continúa abierta
Las reuniones representan una oportunidad de interlocución institucional para las familias, pero no constituyen por sí mismas una resolución de sus solicitudes.
Quedan pendientes respuestas sobre la situación procesal de los 47 detenidos, los recursos disponibles para las personas condenadas y las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades denunciadas.
El seguimiento de estas actuaciones permitirá conocer si las solicitudes presentadas el 29 de octubre se traducen en decisiones concretas.
Por ahora, la noticia central es la voz de las familias que, después de varios años, continúan solicitando información, revisión judicial y garantías para sus allegados.
Fuentes referenciales
