Una maestra y otras familias de Caracas denuncian que, cuatro meses después de perder sus hogares, continúan esperando una solución habitacional mientras enfrentan riesgos estructurales y obstáculos administrativos.
Redacción:
Redacción Venezuela Adentro
Cuatro meses después de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, la maestra Jenny Castro y otras cuatro familias de la parroquia La Pastora, en Caracas, continúan reclamando una solución habitacional. Sus viviendas quedaron comprometidas por los daños sufridos durante los movimientos sísmicos y, según denuncian, todavía no reciben una respuesta concreta que les permita reconstruir sus vidas.
El caso fue documentado el 23 de octubre por El Pitazo, que recogió el testimonio de la docente y las dificultades que enfrentan los habitantes de un edificio de cinco pisos situado en la esquina Medina. La estructura fue identificada con una etiqueta roja, señal de que presentaba condiciones de riesgo que impedían su ocupación segura.
La situación plantea una pregunta que sigue sin respuesta para estas familias: ¿qué ocurre después de que una vivienda es declarada inhabitable, pero sus ocupantes no disponen de recursos para conseguir otra?
Una vivienda perdida y una familia separada
Jenny Castro es docente de Educación Inicial y acumula doce años de servicio en una escuela dependiente del Gobierno del Distrito Capital. Antes de los terremotos vivía en el edificio afectado, cuya antigüedad y deterioro agravaron las consecuencias de los movimientos sísmicos.
Según su relato, las paredes se separaron de las columnas y algunas partes de la edificación quedaron gravemente comprometidas. Con ayuda de los bomberos, pudo recuperar documentos personales, títulos universitarios y medicamentos, pero perdió buena parte de sus pertenencias.
El 28 de junio se ordenó el desalojo definitivo del inmueble. Posteriormente, el 2 de julio, cuadrillas municipales ejecutaron la demolición parcial de dos apartamentos.
Desde entonces, la vida de la educadora cambió radicalmente. Su hijo adolescente tuvo que trasladarse al estado Monagas para continuar sus estudios, mientras ella encontró alojamiento provisional en la vivienda de una vecina.
La separación familiar y la pérdida del hogar muestran que los efectos de una emergencia no terminan cuando concluyen las labores de rescate. También afectan la educación, el trabajo, la estabilidad emocional y las redes de apoyo de quienes resultan damnificados.
Las familias denuncian falta de respuesta institucional
Castro presentó públicamente su solicitud de atención junto con otras residentes afectadas, entre ellas Yrina Fehrmann, Geraldine Aponte y Noenkis Zurita.
Las familias aseguran haber acudido a diferentes organismos y haber informado su situación a autoridades del Gobierno de Caracas y del Ministerio de Hábitat y Vivienda, sin conseguir hasta el 23 de octubre una solución habitacional definitiva.
La docente solicitó una nueva inspección de la estructura y medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes habitan en sus alrededores. También pidió la intervención de las autoridades nacionales competentes.
Estas afirmaciones corresponden a la denuncia de las personas afectadas. La información consultada no permite establecer que exista una decisión administrativa definitiva sobre su reubicación ni confirma una respuesta oficial posterior al reportaje.
Los documentos de propiedad complican el acceso a créditos
Uno de los obstáculos señalados por las familias es la situación jurídica del inmueble. Según explicó Castro, el edificio tenía cerca de un siglo de antigüedad y los documentos de propiedad permanecían a nombre de una persona fallecida décadas atrás.
Esta circunstancia dificulta presentar los títulos autenticados que solicitan las entidades financieras para evaluar créditos destinados a la adquisición de otra vivienda.
La maestra relató que algunos habitantes consiguieron recuperar recibos de servicios públicos entre los escombros para demostrar que habían residido allí durante más de veinte años. Sin embargo, esos comprobantes no sustituyen necesariamente los documentos de propiedad exigidos para determinadas operaciones bancarias.
Las familias solicitan que se estudien alternativas administrativas y financieras adaptadas a su condición de damnificadas, de manera que la falta de documentación no se convierta en una barrera permanente para acceder a una solución.
Un problema que también afecta a otros edificios de La Pastora
La situación de la esquina Medina no es un caso aislado. En septiembre, Crónica Uno documentó las dificultades de los residentes del edificio Santa Margarita, también situado en La Pastora, donde varias familias tuvieron que abandonar sus apartamentos debido a los daños estructurales.
En ese inmueble, seis de las diecisiete familias permanecían en el edificio cuando se realizó el reportaje, mientras otras se habían trasladado temporalmente a viviendas de familiares.
Los vecinos también denunciaron dificultades para conseguir evaluaciones técnicas, financiar reparaciones y proteger sus pertenencias frente a posibles robos.
Estos antecedentes muestran que la emergencia habitacional tiene distintas dimensiones: edificios que necesitan reparaciones, estructuras que requieren evaluaciones especializadas y familias que no cuentan con una alternativa de alojamiento estable.
Las respuestas que todavía necesitan las familias
En el caso de Jenny Castro y sus vecinos, permanecen pendientes cuestiones concretas: una inspección actualizada del inmueble, la determinación de las responsabilidades sobre las áreas que representan peligro, una alternativa habitacional segura y mecanismos para superar los obstáculos documentales.
También resulta necesario esclarecer qué organismo debe coordinar la atención y cuáles son los procedimientos disponibles para las personas que perdieron sus viviendas, pero no fueron incorporadas a refugios oficiales.
El seguimiento de estas solicitudes permitirá determinar si las autoridades ofrecen medidas verificables y en qué plazos podrían ejecutarse.
Mientras tanto, la maestra y las otras familias de la esquina Medina continúan esperando una respuesta que vaya más allá de la evaluación inicial de los daños. Su reclamo no se limita a recuperar una propiedad: buscan un lugar seguro donde volver a vivir y reunir nuevamente a sus familias.
Fuentes referenciales:
El Pitazo – Denuncia de Jenny Castro y familias de La Pastora, 23 de octubre de 2026
Crónica Uno – Familias en edificio inhabitable de La Pastora, septiembre de 2026
Efecto Cocuyo – Familias desplazadas por daños estructurales en Caracas
El Estímulo – Inspecciones estructurales y dificultades habitacionales en La Pastora
