Familiares denuncian restricciones de agua, falta de atención médica y demoras judiciales después de más de 72 horas de protesta en el centro penitenciario militar del estado Miranda.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
La huelga de hambre iniciada el 9 de noviembre en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, continúa generando preocupación entre los familiares de los detenidos. Hasta la tarde del jueves 12 de noviembre, los allegados de los 36 participantes denunciaban que no habían recibido respuestas concretas de las autoridades sobre sus solicitudes de atención y revisión judicial.
La protesta, que comenzó con 21 militares vinculados al denominado caso Cotiza, se amplió posteriormente con la incorporación de detenidos de otras causas. Entre los participantes figuran dos mujeres, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Este nuevo reporte da seguimiento a la información publicada por Venezuela Adentro sobre el anuncio de próximas excarcelaciones y la revisión de expedientes judiciales. Mientras las autoridades parlamentarias anuncian nuevas medidas, los familiares de Ramo Verde reclaman respuestas sobre situaciones particulares que consideran pendientes de resolución.
Más de tres días de protesta y preocupación por la salud
Los participantes permanecen en una cancha del establecimiento penitenciario, donde han instalado carpas y colchonetas. Sus familiares denunciaron que desde el martes 10 de noviembre se restringió el acceso a las instalaciones donde podían utilizar los sanitarios y obtener agua.
El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que los detenidos quedaron aislados del resto de la población penitenciaria después del cierre de un portón. Según los testimonios recogidos por la organización, algunos participantes comenzaron a presentar signos de deterioro físico.
Milagros Astudillo, esposa del sargento primero Luis Alfredo Milane, denunció ante VPItv que los huelguistas habrían tenido que recurrir a agua utilizada para el riego de las plantas.
La afirmación corresponde al testimonio de la familiar. No se dispone de una inspección independiente que permita establecer las condiciones exactas de suministro dentro del recinto.
Los riesgos médicos asociados con una huelga de hambre pueden agravarse cuando existe una hidratación insuficiente. Por ello, las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan evaluaciones médicas y garantías para preservar la integridad de los detenidos.
Familiares identifican situaciones médicas preocupantes
En declaraciones recogidas por Crónica Uno el 12 de noviembre, Maryuri Piña, madre del sargento segundo Luis Gerardo Oviedo Piña, manifestó preocupación porque su hijo presenta una arritmia cardíaca que podría complicarse durante la protesta.
Lisnel Hernández de Martínez, esposa del militar Giomer Martínez Natera, también denunció antecedentes de problemas de salud relacionados con sus condiciones anteriores de detención.
Estos testimonios no sustituyen una evaluación clínica, pero muestran las razones por las que las familias solicitan la intervención de profesionales sanitarios.
El OVP pidió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que inspeccionen las condiciones del establecimiento, investiguen las denuncias y realicen un seguimiento permanente de los participantes.
Los militares del caso Cotiza reclaman su excarcelación
Una de las principales exigencias procede de los integrantes del denominado caso Cotiza, relacionado con los acontecimientos registrados en enero de 2019.
Según sus familiares, varios de los militares cumplieron el 24 de octubre de 2026 la totalidad de las penas que les habían sido impuestas. Sin embargo, permanecen detenidos mientras continúan actuaciones y controversias judiciales.
Lisnel Hernández de Martínez declaró a Infobae que la defensa dispone de documentos sobre el cómputo de las condenas y cuestionó que procedimientos posteriores impidan ejecutar las excarcelaciones solicitadas.
La situación jurídica definitiva de cada detenido requiere examinar las decisiones judiciales vigentes, los recursos presentados y las órdenes de los tribunales competentes.
Los participantes también denuncian retrasos procesales, expedientes sin resolución y dificultades para acceder a mecanismos efectivos de revisión de sus casos.
Una protesta que reúne detenidos de distintas causas
El movimiento comenzó con los integrantes del caso Cotiza, pero posteriormente se incorporaron personas vinculadas con los casos Sukhoi, 30 de Abril, Refinería El Palito, Paramacay, Aurora, Operación Gedeón, Espionaje y Gobernación de Monagas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó 36 participantes, incluidos 34 hombres y dos mujeres.
La incorporación de personas procesadas por diferentes causas amplió las exigencias iniciales. Además de solicitar excarcelaciones, los manifestantes piden garantías judiciales, revisión de expedientes y participación de representantes de los militares detenidos en las conversaciones políticas sobre liberaciones.
El anuncio parlamentario todavía no resuelve sus reclamos
El jueves 12 de noviembre, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, anunció que los diputados participarían en la revisión de expedientes con el propósito de facilitar las liberaciones que correspondan conforme a los procedimientos legales.
La declaración fue recogida en nuestra cobertura anterior sobre las nuevas excarcelaciones anunciadas en Venezuela.
Sin embargo, hasta los últimos reportes consultados del 12 de noviembre, no se había confirmado públicamente que los 36 participantes de la huelga estuvieran incluidos en una lista de beneficiarios ni se había comunicado un calendario de decisiones sobre sus expedientes.
Los familiares consideran insuficientes los anuncios generales mientras no reciban respuestas individualizadas sobre las causas judiciales.
Las respuestas que siguen pendientes
La situación de Ramo Verde plantea tres asuntos inmediatos: garantizar el acceso al agua y a la atención médica, comprobar las condiciones de permanencia de los huelguistas y aclarar la situación procesal de quienes solicitan su libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que las personas privadas de libertad permanecen bajo responsabilidad del Estado y que las autoridades deben proteger su vida e integridad, respetando también las normas éticas aplicables a las huelgas de hambre.
Hasta la información disponible del 12 de noviembre, no se había confirmado una respuesta oficial detallada a las denuncias de aislamiento ni una inspección independiente de las condiciones descritas por los familiares.
Este seguimiento deja una diferencia importante respecto al anuncio inicial de excarcelaciones: ahora existen testimonios identificados sobre el estado de los huelguistas, nuevas denuncias de restricciones y solicitudes específicas de intervención institucional.
La evolución de la protesta dependerá de las respuestas que reciban los detenidos y sus familiares, así como de las decisiones judiciales que puedan adoptarse sobre cada expediente.
Fuentes referenciales:
Observatorio Venezolano de Prisiones — Informe sobre los 36 militares en huelga de hambre, 11 de noviembre de 2026
Infobae — Testimonios de familiares y situación judicial de los detenidos, 11 de noviembre de 2026
VPItv — Familiares denuncian restricciones de agua tras más de 72 horas de protesta, 12 de noviembre de 2026
El Pitazo — Dos mujeres se suman a la huelga de hambre, 11 de noviembre de 2026
