El Gobierno venezolano reportó ingresos por 15.603 millones de dólares entre enero y noviembre de 2026. Aunque asegura que la mayor parte del gasto se destinó a remuneraciones y pensiones, persisten interrogantes sobre la distribución de los recursos y su impacto en los hogares.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
La publicación de nuevas cifras sobre los ingresos petroleros y mineros de Venezuela ha reabierto el debate sobre el destino de los recursos públicos y su relación con las condiciones de vida de trabajadores y pensionados. El Gobierno presentó un balance de ingresos y egresos que atribuye la mayor parte del gasto registrado al pago de remuneraciones, mientras distintos sectores continúan reclamando una recuperación efectiva del poder adquisitivo.
El 12 de noviembre de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el país había registrado ingresos por 15.603 millones de dólares entre enero y noviembre, procedentes principalmente de la comercialización de petróleo y sus derivados.
Según los datos publicados en la plataforma gubernamental Transparencia Soberana, los egresos alcanzaron 14.860 millones de dólares. De ese total, 14.710 millones fueron clasificados como pagos de salarios de trabajadores públicos y pensiones, mientras aproximadamente 150,5 millones correspondieron a gastos de funcionamiento del Gobierno.
Las cantidades representan un volumen considerable de recursos, pero su interpretación exige distinguir entre ingresos recibidos, desembolsos contabilizados y beneficios efectivamente percibidos por los ciudadanos.
Qué significan las cifras anunciadas
El Ejecutivo destacó que aproximadamente el 99 % de los egresos registrados se destinó a salarios y pensiones. La afirmación requiere una precisión: ese porcentaje corresponde a los 14.710 millones de dólares destinados a remuneraciones respecto de los 14.860 millones contabilizados como gasto.
Si se utiliza como referencia el total de ingresos declarados, equivalente a 15.603 millones de dólares, los desembolsos atribuidos a salarios y pensiones representan aproximadamente el 94,3 %.
La diferencia no significa necesariamente que exista una irregularidad. Se trata de dos bases de cálculo distintas, cuya identificación resulta indispensable para interpretar correctamente el balance.
La plataforma gubernamental también señala que 15.148 millones de dólares procedieron de ventas de petróleo y derivados, mientras que el resto correspondió a otros recursos y operaciones comerciales.
Al cierre del período presentado, el saldo disponible informado ascendía a aproximadamente 743 millones de dólares.
Una plataforma que todavía presenta limitaciones
El Gobierno difundió estos datos mediante Transparencia Soberana, una herramienta digital anunciada como mecanismo para permitir a los ciudadanos consultar información sobre la utilización de recursos provenientes de actividades petroleras y mineras.
La plataforma muestra registros relacionados con el Fondo de Protección Social y el Fondo de Infraestructura Nacional. Sin embargo, la información disponible no permite reconstruir individualmente todos los pagos ni conocer el destino final de cada desembolso.
Según el análisis publicado por Bloomberg Línea, el Fondo de Infraestructura Nacional no registraba actividad hasta la actualización del 12 de noviembre.
El portal señala que BDO Venezuela realiza labores de revisión independiente sobre determinados movimientos financieros. No obstante, la existencia de mecanismos de revisión no equivale, por sí sola, a una auditoría pública integral de todas las operaciones estatales.
Estados Unidos publicó otro balance de los recursos
La presentación venezolana coincidió con la divulgación de un informe estadounidense sobre la administración de ingresos provenientes de recursos naturales del país.
De acuerdo con el documento elaborado con asistencia de KPMG y divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026 ingresaron aproximadamente 12.260 millones de dólares en una cuenta de custodia vinculada con la comercialización de recursos venezolanos.
Durante ese período se desembolsaron alrededor de 12.110 millones de dólares, principalmente mediante operaciones cambiarias canalizadas hacia el sistema financiero venezolano.
La cuenta mantenía al cierre de septiembre un saldo aproximado de 168,56 millones de dólares.
Las cifras de Washington y Caracas no pueden compararse directamente como si correspondieran a un mismo registro contable. El informe estadounidense examina una cuenta específica durante nueve meses, mientras que el balance venezolano abarca un período más amplio y dos fondos gubernamentales.
Además, los movimientos de una cuenta de custodia no permiten establecer automáticamente cuánto dinero recibió finalmente cada trabajador o pensionado.
Los salarios siguen siendo una preocupación
La publicación de los ingresos públicos coincide con una demanda persistente de trabajadores, jubilados y pensionados: mejorar las remuneraciones y recuperar beneficios laborales.
El salario mínimo legal venezolano permanece establecido en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Aunque posteriormente se incrementaron determinadas bonificaciones, estas no modificaron el monto del salario base.
En abril de 2026, el Ejecutivo elevó el denominado ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, compuesto por un bono de 200 dólares y un beneficio de alimentación de 40 dólares, según la información difundida entonces.
Estos componentes deben distinguirse del salario mínimo legal y de las pensiones, porque no tienen necesariamente el mismo tratamiento para el cálculo de prestaciones sociales y otros derechos laborales.
La situación mantiene abiertos los reclamos sindicales relacionados con las convenciones colectivas, las pensiones y la recuperación del salario.
La distancia entre los ingresos y el costo de los alimentos
La discusión adquiere una dimensión concreta al comparar las remuneraciones con el costo de la alimentación.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) calculó que la canasta alimentaria familiar para cinco personas alcanzó 761,35 dólares en septiembre de 2026.
Frente a ese valor, un ingreso mensual de 240 dólares cubriría aproximadamente el 31,5 % de la canasta alimentaria, sin considerar gastos de vivienda, transporte, salud, educación y servicios públicos.
La comparación no implica que todos los hogares reciban exactamente ese ingreso ni que tengan la misma composición familiar. Sin embargo, permite dimensionar las dificultades que enfrentan quienes dependen de remuneraciones cercanas a ese nivel.
Qué información falta para evaluar el gasto público
El nuevo balance constituye una oportunidad para examinar con mayor detalle la administración de los ingresos nacionales. Para determinar su impacto real sería necesario conocer, entre otros aspectos, el número de beneficiarios, los conceptos incluidos en las remuneraciones y la distribución de los pagos entre los diferentes organismos públicos.
También resulta importante identificar qué proporción corresponde a salarios ordinarios, bonificaciones, pensiones y otras obligaciones laborales.
La publicación de montos agregados permite conocer una parte de las operaciones financieras, pero no demuestra por sí sola que las remuneraciones hayan recuperado su capacidad de compra.
Por ahora, las cifras oficiales muestran una elevada asignación contable de recursos al área de salarios y pensiones, mientras la recuperación de los ingresos familiares continúa siendo una de las principales exigencias de los trabajadores venezolanos.
Fuentes referenciales:
Transparencia Soberana — Plataforma gubernamental de ingresos y egresos
Banca y Negocios — Balance de ingresos petroleros y remuneraciones, 12 de noviembre de 2026
Bloomberg Línea — Venezuela presenta sus cuentas petroleras y crecimiento económico, 13 de noviembre de 2026
Reuters — Informe sobre los ingresos venezolanos administrados por Estados Unidos, 12 de noviembre de 2026

