El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que Willivardo José Querales Abreu falleció por tuberculosis en el penal 26 de Julio. La organización exige investigar la atención médica recibida y advierte sobre el hacinamiento.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
La muerte de Willivardo José Querales Abreu, un hombre que cumplía condena en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico, ha generado una nueva denuncia sobre las condiciones sanitarias del sistema penitenciario venezolano.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el martes 10 de noviembre de 2026 que el recluso falleció por tuberculosis, una enfermedad infecciosa que puede tratarse y curarse cuando existe diagnóstico oportuno y acceso adecuado a medicamentos.
La organización solicitó al Ministerio Público investigar las circunstancias del fallecimiento y determinar si existieron retrasos u omisiones en la atención médica. Hasta el momento, la información pública examinada no permite establecer qué tratamiento recibió Querales Abreu ni si una actuación médica diferente habría evitado su muerte.
Un penal con más del doble de su capacidad
Según las cifras difundidas por el OVP, el establecimiento penitenciario 26 de Julio alberga a más de 1.800 personas privadas de libertad, pese a que sus instalaciones fueron diseñadas para aproximadamente 850.
La relación entre ambas cantidades representa una ocupación superior al 211 % de la capacidad prevista. Se trata de cifras atribuidas a la organización de derechos humanos, que requieren contrastarse con los registros oficiales actualizados de población penitenciaria.
El hacinamiento constituye un problema especialmente delicado cuando aparecen enfermedades respiratorias transmisibles. La convivencia prolongada en espacios cerrados, la ventilación insuficiente y las dificultades para identificar tempranamente a las personas enfermas pueden favorecer nuevos contagios.
El OVP también denuncia deficiencias de higiene, alimentación y atención sanitaria en los establecimientos penitenciarios del país.
Más de 70 muertes relacionadas con problemas de salud
La organización sostiene que, desde abril de 2026, más de 70 personas privadas de libertad han fallecido por problemas de salud en Venezuela.
La cifra corresponde a su registro de denuncias y no debe interpretarse como un balance oficial completo de mortalidad penitenciaria. Tampoco significa que todas esas personas hayan fallecido por tuberculosis.
El caso de Guárico se produce después de que el OVP advirtiera, el 24 de octubre, sobre la presencia de tuberculosis en cárceles y calabozos policiales, así como sobre las dificultades que algunos detenidos enfrentarían para acceder a tratamientos.
En aquella oportunidad, la organización pidió establecer un plan de emergencia sanitaria que incluyera detección temprana, evaluación de contactos, medicamentos y mejores condiciones de ventilación.
La tuberculosis exige diagnóstico y tratamiento
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que afectan principalmente a los pulmones. Puede transmitirse por el aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa expulsa partículas infecciosas.
Su prevención en establecimientos penitenciarios requiere identificar a las personas con síntomas, realizar pruebas diagnósticas, garantizar tratamientos completos y adoptar medidas para reducir la exposición de otros internos y trabajadores.
La falta de seguimiento médico puede favorecer complicaciones y dificultar el control de la enfermedad.
El OVP ha propuesto evaluaciones sanitarias al ingreso de los detenidos, controles periódicos, atención de los contactos cercanos y mecanismos que permitan trasladar oportunamente a hospitales a quienes necesiten asistencia especializada.
Qué responsabilidades deben investigarse
El director del OVP, Humberto Prado, cuestionó la respuesta del Ministerio para el Servicio Penitenciario ante las denuncias sobre enfermedades y fallecimientos de personas bajo custodia.
La organización solicitó al Ministerio Público esclarecer qué atención recibió Querales Abreu, cuándo se diagnosticó su enfermedad y si existieron obstáculos para acceder a medicamentos o servicios hospitalarios.
También pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y exhortó al ministro Julio García Zerpa a presentar información verificable sobre las medidas adoptadas para prevenir enfermedades infecciosas y mejorar la atención médica penitenciaria.
Estas solicitudes no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad individual. Establecer si hubo negligencia u otras irregularidades requiere una investigación sustentada en expedientes clínicos, testimonios y documentación oficial.
El derecho a la salud no desaparece con la condena
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen que las personas privadas de libertad deben tener acceso a servicios sanitarios adecuados.
Las disposiciones incluyen la identificación de necesidades médicas, la continuidad de tratamientos y la atención de enfermedades transmisibles.
En el caso de Querales Abreu, siguen pendientes respuestas fundamentales: cuándo comenzó a recibir asistencia, qué pruebas se le practicaron, cuáles fueron las condiciones de su tratamiento y si existieron solicitudes de traslado a un centro hospitalario.
También falta conocer si las autoridades han dispuesto evaluaciones sanitarias para identificar posibles casos adicionales de tuberculosis entre los internos del penal 26 de Julio.
El esclarecimiento de estas circunstancias permitiría determinar las responsabilidades que correspondan y establecer qué medidas concretas deben adoptarse para proteger a las demás personas recluidas en el establecimiento.
Fuentes referenciales:
Monitoreamos — Denuncia del OVP sobre la muerte de Willivardo José Querales Abreu, 10 de noviembre de 2026
El Diario — Fallecimiento de un recluso por tuberculosis en Guárico, 10 de noviembre de 2026
Observatorio Venezolano de Prisiones — Exigencia de un plan de emergencia sanitaria, 24 de octubre de 2026
Efecto Cocuyo — Denuncias sobre las condiciones penitenciarias, 10 de noviembre de 2026
