La reubicación de más de 86.000 estudiantes, los daños en los planteles y los problemas de transporte y servicios básicos mantienen abierta la preocupación por la continuidad educativa después de los sismos de junio.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
Los efectos de los terremotos del 24 de junio de 2026 sobre la educación venezolana se extienden más allá de los daños materiales registrados en los colegios. Meses después de los sismos, familias, docentes y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han advertido sobre las dificultades que enfrentan estudiantes desplazados de sus planteles originales, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda.
La emergencia obligó a las autoridades a reorganizar la distribución de alumnos para el año escolar 2026-2027. Sin embargo, los traslados, los cambios de horario, la disponibilidad de transporte y las condiciones de los centros receptores plantean desafíos para garantizar la asistencia regular a clases.
Un reportaje publicado por NTN24 el 22 de octubre documentó que, cuatro meses después de los terremotos, todavía existían problemas para estudiar en algunas comunidades afectadas. La información confirma que el inicio formal del calendario escolar no significó necesariamente la recuperación de las condiciones educativas anteriores al desastre.
Más de 86.000 alumnos tuvieron que cambiar de plantel
En septiembre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que aproximadamente 86.031 estudiantes serían reubicados mediante un procedimiento denominado rezonificación escolar.
El mecanismo consiste en asignar a los alumnos afectados a otros centros educativos, preferiblemente cercanos a sus viviendas. En determinadas localidades también se establecieron turnos adicionales para ampliar la capacidad de las escuelas receptoras.
Según el balance gubernamental difundido entonces, 87 planteles presentaban daños estructurales importantes y otros 11 habían colapsado por completo. Alrededor de 900 instituciones registraron daños menores.
Estas cifras corresponden a los informes oficiales de septiembre y no representan un recuento actualizado al 13 de noviembre. Tampoco permiten afirmar que los 86.031 estudiantes reubicados hayan abandonado el sistema educativo: la reubicación y la deserción escolar son situaciones diferentes.
El traslado a otra escuela puede convertirse en una barrera
Para una familia cuyo colegio estaba a pocos minutos de casa, la asignación a otro plantel puede implicar nuevos gastos de transporte, recorridos más largos y cambios en la organización del hogar.
En un reportaje publicado por El Diario en septiembre, representantes de estudiantes de La Pastora, Caracas, describieron la incertidumbre sobre la asignación de cupos y los horarios. Otros familiares de Miranda solicitaron información sobre las inspecciones de seguridad de las escuelas que recibirían a sus hijos.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que la rezonificación podía generar hacinamiento, dobles turnos y mayor presión sobre servicios públicos que ya presentaban deficiencias antes de los terremotos.
Estas dificultades no afectan de la misma manera a todas las familias. Los hogares con menos recursos económicos, niños pequeños o personas desplazadas de sus viviendas pueden encontrar mayores obstáculos para sostener la asistencia escolar.
Las condiciones de los edificios siguen siendo una preocupación
La Federación Venezolana de Maestros solicitó en septiembre una evaluación técnica integral de la infraestructura educativa antes de autorizar el regreso de estudiantes y trabajadores a determinados planteles.
La presidenta del gremio, Carmen Teresa Márquez, señaló que las fallas de agua potable, electricidad, saneamiento y mantenimiento se habían agravado después de los sismos.
El Ministerio de Educación, por su parte, aseguró que los centros habilitados para recibir alumnos habían sido revisados por equipos técnicos y anunció reparaciones, rehabilitaciones y posibles reconstrucciones.
Las dos posiciones muestran la importancia de disponer de información pública, específica y actualizada sobre el estado de cada plantel, las obras terminadas y las condiciones de seguridad de las instalaciones utilizadas provisionalmente.
Las organizaciones alertan sobre los riesgos de exclusión
Las organizaciones Cecodap y Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) presentaron en agosto una evaluación de 99 reportes escolares, principalmente de La Guaira, Distrito Capital y Miranda.
En esa muestra, el 27,3 % de las escuelas evaluadas presentaba daños graves. La cifra describe únicamente los establecimientos incluidos en el monitoreo y no debe extrapolarse al conjunto de las escuelas venezolanas.
Las organizaciones también advirtieron sobre la necesidad de acompañamiento emocional para los estudiantes afectados y de protocolos de prevención ante posibles emergencias.
La exclusión educativa puede manifestarse de distintas formas: interrupciones prolongadas de las clases, dificultades para trasladarse, imposibilidad de acceder a un cupo adecuado o asistencia irregular. No obstante, los informes consultados no permiten establecer cuántos niños habían abandonado definitivamente sus estudios como consecuencia de los terremotos.
La Guaira concentra parte de las mayores dificultades
El estado La Guaira figura entre las regiones más afectadas por los sismos. Además de los daños en las instalaciones escolares, algunas instituciones fueron utilizadas como refugios temporales para familias damnificadas.
La recuperación de estos espacios requiere atender simultáneamente las necesidades de vivienda de las personas desplazadas y las condiciones necesarias para restablecer las actividades educativas.
Los reportes de octubre señalaron que algunas escuelas utilizadas como alojamientos temporales continuaban enfrentando dificultades para retomar su funcionamiento habitual en condiciones seguras.
La situación también plantea necesidades de apoyo psicológico para niños y adolescentes que perdieron familiares, viviendas o sus espacios cotidianos de aprendizaje.
Qué falta conocer sobre la recuperación escolar
Más allá de los balances iniciales de daños y reubicaciones, siguen siendo necesarios datos públicos que permitan conocer cuántas escuelas han sido reparadas, cuántos estudiantes permanecen en planteles provisionales y qué medidas se han aplicado para evitar interrupciones prolongadas de la enseñanza.
También resulta importante identificar si existen diferencias de asistencia entre los estudiantes reubicados y aquellos que pudieron regresar a sus colegios originales.
El Gobierno ha anunciado medidas de reparación y reorganización escolar, mientras organizaciones de derechos humanos y representantes de las comunidades solicitan mayores garantías de seguridad y continuidad educativa.
El seguimiento de esta situación debe centrarse ahora en los resultados: escuelas efectivamente recuperadas, estudiantes que asisten regularmente y familias que todavía necesitan soluciones. La reconstrucción educativa no concluye cuando se asigna un nuevo cupo, sino cuando cada niño puede estudiar en condiciones seguras y sostenibles.
Fuentes referenciales:
El Nacional — La exclusión escolar en Venezuela se agravó tras los terremotos, noviembre de 2026 (contenido no accesible para comprobación directa)
NTN24 — Persisten las dificultades educativas cuatro meses después de los terremotos, 22 de octubre de 2026
Infobae — Provea advierte sobre las consecuencias de la reubicación escolar, 16 de septiembre de 2026
Agencia EFE — Federación Venezolana de Maestros solicita evaluaciones técnicas, 10 de septiembre de 2026
El Diario — Familias y docentes ante la reubicación escolar, 10 de septiembre de 2026
Ministerio de Educación — Plan de rezonificación y balance de planteles afectados, 8 de septiembre de 2026
