Representantes de la sociedad civil acudieron a la Asamblea Nacional para cuestionar una reforma que elimina las penas de prisión, pero mantiene multas y mecanismos sancionatorios que consideran contrarios a la libertad de expresión.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
Organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión solicitaron ante la Asamblea Nacional la derogación de la Ley contra el Odio, al considerar que la reforma actualmente en discusión no resuelve los problemas que han denunciado desde su aprobación en 2017.
La petición fue presentada el miércoles 11 de noviembre de 2026 durante una reunión de consulta pública con la comisión parlamentaria encargada de examinar los cambios legislativos. El encuentro estuvo presidido por el diputado Pedro Infante y contó con representantes de organizaciones civiles, especialistas universitarios y defensores de la libertad de información.
El director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, defendió la necesidad de sustituir la normativa por mecanismos que protejan los derechos ciudadanos sin restringir la crítica política ni otorgar facultades sancionatorias excesivas al Poder Ejecutivo.
Una petición presentada directamente ante el Parlamento
Espacio Público entregó a la comisión legislativa observaciones técnicas sobre el proyecto aprobado en primera discusión el 3 de noviembre. Los documentos incluyen comparaciones entre la legislación vigente y la reforma propuesta, además de recomendaciones fundamentadas en estándares internacionales de derechos humanos.
Correa sostuvo que Venezuela ya dispone de disposiciones legales para sancionar determinadas conductas de incitación al odio y proteger a grupos vulnerables, por lo que considera innecesario mantener una legislación especial con las características actuales.
El representante de la organización también pidió que cualquier sanción relacionada con expresiones consideradas ilícitas sea examinada por instancias judiciales independientes y no quede exclusivamente bajo la responsabilidad de organismos administrativos del Ejecutivo.
Su planteamiento busca preservar la posibilidad de que los ciudadanos expresen desacuerdos, cuestionen decisiones gubernamentales y participen en debates de interés público sin temor a sanciones arbitrarias.
Qué cambiaría con la reforma propuesta
El proyecto legislativo elimina las penas de prisión de entre 10 y 20 años previstas en la normativa de 2017 y propone sustituirlas por sanciones administrativas y otras medidas.
También contempla suprimir determinadas disposiciones sobre revocación de concesiones de medios, bloqueo de portales digitales y restricciones para la inscripción de organizaciones políticas.
Estos cambios constituyen modificaciones importantes respecto al texto original. Sin embargo, las organizaciones participantes consideran que no son suficientes para garantizar plenamente los derechos afectados.
Entre sus principales preocupaciones se encuentran las multas previstas, que podrían situarse entre 500 y 10.000 euros según la interpretación de los mecanismos de cálculo establecidos en el proyecto.
Espacio Público advierte que estas cantidades pueden resultar desproporcionadas y generar un efecto inhibidor sobre personas que desean participar en discusiones públicas.
El debate sobre quién puede imponer sanciones
Uno de los puntos más cuestionados es la atribución de competencias sancionatorias al ministerio responsable de las relaciones interiores y la justicia.
Las organizaciones consideran que permitir a una dependencia del Ejecutivo investigar y decidir sanciones administrativas relacionadas con expresiones públicas podría afectar las garantías de imparcialidad.
También cuestionan que el proyecto mantenga conceptos que consideran imprecisos, entre ellos determinadas formas de hostigamiento y mensajes que puedan producir temor o angustia.
Según los especialistas, una definición demasiado amplia puede dificultar que los ciudadanos conozcan con claridad qué conductas están prohibidas y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de sus derechos.
El debate plantea una distinción fundamental: combatir expresiones que promuevan discriminación o violencia no debe confundirse con sancionar opiniones críticas, denuncias ciudadanas o discrepancias políticas.
Universidades y organizaciones aportan sus observaciones
En la reunión también participó León Hernández, investigador vinculado al Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello.
El académico respaldó los planteamientos de las organizaciones y cuestionó que la sustitución de penas penales por sanciones administrativas pueda resolver, por sí sola, los problemas de la normativa.
Por su parte, Marcelino Bisbal, director de Publicaciones de la misma universidad, planteó la necesidad de evaluar de manera objetiva los discursos difundidos en espacios de comunicación pública, incluidos programas transmitidos por medios estatales.
La coordinadora de Defensa de Espacio Público, Francis Betancourt, solicitó que el proyecto legislativo sea publicado formalmente y pueda ser examinado por los ciudadanos antes de su aprobación definitiva.
Luis Serrano, representante de RedesAyuda, también intervino para advertir sobre las consecuencias que, a juicio de su organización, tiene la normativa sobre la disposición de las personas a expresar sus opiniones.
Las consecuencias para quienes ya fueron procesados
Las organizaciones sostienen que una reforma debe atender igualmente la situación de quienes fueron detenidos, condenados o sometidos a procedimientos judiciales mediante la aplicación de la ley vigente.
En un comunicado conjunto difundido el 4 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que al menos 90 personas habían sido encarceladas por la aplicación de esta normativa desde 2017.
La cifra corresponde a la documentación presentada por las organizaciones y no debe interpretarse como un balance oficial de condenas judiciales.
Los firmantes solicitaron revisar las causas abiertas, examinar las condenas y establecer mecanismos de reparación para las personas que consideren afectadas por actuaciones contrarias a sus derechos.
El proyecto de reforma, según el análisis de Espacio Público, no establece un procedimiento integral que garantice automáticamente esas medidas.
La posición de las autoridades y el debate pendiente
Representantes del Gobierno han defendido la necesidad de mantener instrumentos legales para prevenir expresiones que inciten a la violencia, la discriminación y los enfrentamientos entre ciudadanos.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha sostenido públicamente que la legislación debe conservar mecanismos para sancionar los discursos de odio.
La controversia no se limita, por tanto, a la necesidad de combatir la discriminación, sino que también comprende la definición de las conductas sancionables, la proporcionalidad de los castigos y las garantías frente a posibles abusos.
La consulta parlamentaria contempla encuentros con distintos sectores de la sociedad en las entidades federales del país. Una vez concluido ese proceso, el proyecto deberá regresar a la Asamblea Nacional para su segunda discusión.
La participación ciudadana ante una decisión legislativa
La intervención de Espacio Público y las demás organizaciones representa una oportunidad para incorporar observaciones independientes al proceso de elaboración de una norma que afecta directamente el ejercicio de derechos fundamentales.
Los documentos entregados al Parlamento incluyen referencias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Plan de Acción de Rabat y a otros instrumentos internacionales relacionados con la libertad de expresión.
Para los ciudadanos, el resultado del debate tendrá consecuencias prácticas sobre la posibilidad de denunciar problemas comunitarios, publicar opiniones, ejercer el periodismo y cuestionar decisiones de las autoridades.
Hasta el 13 de noviembre, la reforma continuaba en fase de discusión legislativa. Las observaciones presentadas por las organizaciones civiles no significan que sus solicitudes hayan sido incorporadas al texto definitivo.
La próxima etapa permitirá conocer si el Parlamento modifica el proyecto, mantiene su propuesta original o considera la derogación solicitada por las organizaciones participantes.
Fuentes referenciales:
Espacio Público — Organizaciones exigen derogatoria de la Ley contra el Odio en consulta pública, 11 de noviembre de 2026
El Pitazo — Carlos Correa solicita la derogatoria de la Ley contra el Odio, 12 de noviembre de 2026
Espacio Público — Comunicado de organizaciones civiles, 4 de noviembre de 2026
Espacio Público — Análisis técnico de la propuesta de reforma, octubre de 2026
