Docentes, trabajadores sanitarios y universitarios acordaron una paralización de 12 horas para el 16 de noviembre. La protesta refleja un conflicto que va más allá del ingreso mensual y alcanza las prestaciones, la seguridad laboral y las pensiones.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
Los reclamos salariales de los trabajadores públicos venezolanos entraron en una nueva etapa. Representantes del magisterio, las universidades y el sector sanitario acordaron convocar una paralización nacional de 12 horas para el lunes 16 de noviembre de 2026, después de considerar insuficientes las respuestas a sus exigencias económicas y laborales.
La decisión fue adoptada el jueves 5 de noviembre durante una asamblea intersectorial celebrada en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas. Participaron dirigentes sindicales, docentes, profesionales de la salud, empleados administrativos, obreros y representantes de jubilados y pensionados.
La convocatoria constituye una nueva acción dentro de un conflicto prolongado, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el predominio de las bonificaciones sobre el salario y las dificultades para recuperar las condiciones establecidas en las convenciones colectivas.
Una nueva protesta después de los reclamos de octubre
El anuncio del paro tiene un antecedente inmediato en la movilización del 13 de octubre, cuando representantes de diferentes organizaciones laborales acudieron a Caracas para entregar un documento con exigencias económicas respaldado, según los organizadores, por más de 50.000 firmas.
Posteriormente, los gremios convocaron una jornada de reclamos el 29 de octubre, con actividades en universidades, instituciones educativas y centros asistenciales.
La nueva paralización representa una escalada respecto de aquellas concentraciones. Los dirigentes sostienen que las solicitudes presentadas ante las autoridades no han recibido una respuesta satisfactoria.
José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), explicó durante la asamblea que la convocatoria reúne a trabajadores universitarios, docentes, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y personal obrero y administrativo.
Por qué los bonos no sustituyen al salario
Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre el salario base y las bonificaciones complementarias que reciben numerosos empleados públicos.
El salario mínimo nacional permanece fijado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Aunque existen asignaciones adicionales que elevan el ingreso recibido por determinados trabajadores, estas no necesariamente forman parte del salario utilizado para calcular beneficios laborales.
La distinción tiene consecuencias importantes. En términos generales, las prestaciones sociales, las vacaciones y otros derechos económicos dependen de las remuneraciones reconocidas como salario conforme a la legislación y las condiciones contractuales aplicables.
Los sindicatos consideran que el sistema de bonificaciones ha reducido progresivamente el peso del salario dentro del ingreso total, afectando especialmente a quienes acumulan años de servicio o se encuentran próximos a la jubilación.
Por esta razón, entre las exigencias figura el establecimiento de un cronograma para incorporar progresivamente las bonificaciones a las remuneraciones salariales.
Los aguinaldos concentran buena parte del descontento
La proximidad de diciembre ha convertido el cálculo de los aguinaldos en uno de los asuntos más urgentes para los trabajadores.
Los representantes gremiales solicitan que las bonificaciones de fin de año se calculen tomando como referencia el ingreso integral y no únicamente el salario base.
Durante la asamblea, Afonso cuestionó que los pagos navideños continúen vinculados a tablas salariales cuyo valor real se ha deteriorado considerablemente.
Desde el sector sanitario, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, planteó la solicitud de un bono extraordinario equivalente a 960 dólares, calculado sobre cuatro mensualidades de un ingreso integral de referencia de 240 dólares.
Esta cantidad corresponde a una petición sindical y no a un pago aprobado por las autoridades. Tampoco significa que todos los trabajadores públicos perciban actualmente el mismo ingreso integral.
Educación y salud: dos servicios con necesidades particulares
La participación conjunta de docentes y trabajadores sanitarios introduce una dificultad adicional: ambos sectores prestan servicios esenciales para la población.
En el ámbito educativo, la paralización podría afectar actividades académicas en los centros donde exista participación efectiva de los trabajadores. Sin embargo, todavía no puede establecerse cuántas instituciones se sumarán a la convocatoria.
En el sector salud, los organizadores han reconocido que cualquier medida de protesta debe considerar la continuidad de la atención médica urgente.
Pablo Zambrano explicó que los trabajadores sanitarios enfrentan limitaciones particulares para suspender actividades debido a sus responsabilidades asistenciales. La organización de la jornada deberá contemplar esas condiciones.
Por tanto, la convocatoria no debe interpretarse como una suspensión confirmada de todos los servicios hospitalarios del país.
La estabilidad laboral también está entre las preocupaciones
Los dirigentes sindicales anunciaron que la resolución de la asamblea será presentada ante la Inspectoría del Trabajo con la intención de respaldar jurídicamente a quienes participen en la protesta.
La iniciativa refleja la preocupación por posibles consecuencias laborales derivadas de la paralización. No obstante, la presentación de un documento administrativo no garantiza por sí sola protección absoluta frente a eventuales controversias legales.
Otra exigencia formulada durante la reunión fue revisar la utilización del Sistema Patria para determinados pagos laborales, mecanismo que algunos representantes sindicales consideran incompatible con sus reivindicaciones contractuales.
Una movilización que coincide con las protestas de Guayana
La asamblea intersectorial también expresó solidaridad con los trabajadores de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes mantienen protestas por sus remuneraciones y beneficios de fin de año.
Los reclamos de Guayana y la convocatoria nacional comparten preocupaciones salariales, aunque corresponden a organizaciones, negociaciones y circunstancias laborales diferentes.
La coincidencia muestra cómo las discusiones sobre ingresos, bonificaciones y derechos contractuales se extienden a distintos sectores productivos y de servicios.
Qué puede ocurrir antes del 16 de noviembre
La convocatoria establece una fecha concreta para la próxima acción sindical, pero su realización y alcance dependerán de las decisiones de las organizaciones participantes y de las respuestas que puedan producirse durante los días anteriores.
Hasta el 7 de noviembre, las fuentes consultadas no permiten confirmar un acuerdo nacional que resuelva las principales exigencias presentadas por los gremios.
Los asuntos pendientes incluyen el cálculo de los aguinaldos, la revisión de las tablas salariales, la incorporación de bonificaciones al salario y el reconocimiento de beneficios laborales establecidos en las contrataciones colectivas.
La jornada anunciada para el 16 de noviembre será, en consecuencia, una nueva prueba de la capacidad de coordinación de las organizaciones sindicales y de la disposición institucional para abordar las demandas acumuladas de los trabajadores públicos venezolanos.
Fuentes referenciales:
El Pitazo — Exigencias salariales y convocatoria intergremial, 5 de noviembre de 2026
El Diario — Convocatoria de paro nacional de 12 horas
El Estímulo — Asamblea sindical y reclamos laborales
Contrapunto — Asamblea intergremial realizada en la UCV
