La Asamblea Nacional aprobó una reforma que permite inversiones privadas y establece nuevas reglas para el cobro de electricidad. El alcance de los subsidios y las mejoras reales del servicio dependerá de su aplicación.

Redacción: Redacción Venezuela Adentro

La aprobación de una reforma del sistema eléctrico venezolano abre una nueva etapa para un servicio que durante años ha estado marcado por apagones, fluctuaciones de voltaje y dificultades de mantenimiento. La decisión, adoptada por la Asamblea Nacional el martes 10 de noviembre de 2026, introduce cambios en la participación de empresas privadas, la regulación de tarifas y los mecanismos de protección para usuarios de menores ingresos.

Sin embargo, detrás de las modificaciones legislativas permanece una pregunta fundamental para millones de hogares: ¿la nueva normativa permitirá recibir electricidad de manera continua sin imponer costos difíciles de asumir?

La respuesta todavía no está definida. Aunque las autoridades han presentado la reforma como un mecanismo para atraer inversiones y aumentar la disponibilidad de energía, varios aspectos esenciales, especialmente los relacionados con las tarifas residenciales y los subsidios, deberán desarrollarse mediante disposiciones reglamentarias.

Qué cambia con la reforma del sistema eléctrico

La modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico fue aprobada en segunda discusión, después de varios aplazamientos del debate parlamentario.

Uno de sus principales cambios consiste en permitir que empresas privadas y mixtas participen en la generación eléctrica, siempre que obtengan las habilitaciones correspondientes.

Según la información difundida por la agencia EFE, las concesiones podrán extenderse hasta un máximo de 25 años. Determinadas actividades, especialmente aquellas relacionadas con grandes instalaciones o infraestructura de uso público, requerirán autorizaciones específicas del Ministerio de Energía Eléctrica.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que la reforma no supone una privatización integral del servicio. Explicó que la participación privada estará orientada principalmente a la generación y autogeneración de electricidad destinada a industrias, establecimientos comerciales y otros grandes consumidores.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) continuará desempeñando funciones dentro del sistema, mientras el Estado conservará responsabilidades relacionadas con el suministro a la población.

Las tarifas estarán vinculadas a una referencia cambiaria

Uno de los anuncios que mayores interrogantes genera es la indexación de las tarifas eléctricas a la moneda de mayor valor utilizada como referencia por el Banco Central de Venezuela.

Rodríguez confirmó este mecanismo después de la aprobación parlamentaria. No obstante, las declaraciones conocidas hasta el 11 de noviembre no establecen cuánto pagará cada hogar ni ofrecen una tabla definitiva de tarifas residenciales.

La indexación implica utilizar una referencia monetaria para calcular o actualizar determinados valores. Sin embargo, por sí sola no permite conocer el importe final de una factura, que también dependerá de la metodología de cálculo, el consumo registrado y los subsidios aplicables.

Para las familias cuyos ingresos se perciben principalmente en bolívares, la evolución de la tasa de cambio puede convertirse en un elemento importante al momento de evaluar el costo del servicio.

Por esa razón, será necesario conocer si las autoridades establecerán límites de consumo subsidiado, categorías de usuarios, mecanismos de actualización y condiciones diferenciadas para hogares vulnerables.

Quiénes recibirán subsidios y cómo se financiarán

La reforma contempla un régimen de subsidios dirigido especialmente a las personas que, debido a sus ingresos, no puedan asumir el pago completo de la electricidad.

Según explicó el presidente del Parlamento, el esquema se apoyará en las tarifas que paguen los sectores industriales, comerciales y otros consumidores con capacidad para cubrir el costo pleno del suministro.

Este modelo plantea una distribución diferenciada de los costos entre categorías de usuarios. Su efectividad dependerá de cómo se identifiquen los hogares beneficiarios y de la disponibilidad de recursos para sostener las ayudas.

Hasta ahora no se han precisado públicamente los requisitos específicos para solicitar los subsidios, los mecanismos de asignación ni los procedimientos para reclamar cuando un usuario considere que su situación económica no fue evaluada correctamente.

Tampoco puede afirmarse que todas las familias de bajos ingresos recibirán automáticamente una reducción determinada en sus facturas.

La publicación del reglamento y de las resoluciones tarifarias será indispensable para conocer el funcionamiento práctico del nuevo sistema.

Una superintendencia supervisará a los operadores

Otro cambio importante es la creación de una Superintendencia del Sistema Eléctrico, encargada de supervisar aspectos relacionados con la prestación del servicio, la generación privada y las tarifas.

Entre sus responsabilidades anunciadas figura la vigilancia de las actividades de autogeneración, con el propósito de evitar que las nuevas instalaciones perjudiquen el funcionamiento de la red nacional.

La normativa también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos relacionados con la prestación del servicio y por determinadas ofertas engañosas.

Sin embargo, la existencia de un organismo regulador no garantiza automáticamente una fiscalización efectiva. Será necesario conocer su estructura, sus competencias operativas y los procedimientos disponibles para que los usuarios presenten reclamaciones.

La crisis eléctrica va más allá de la generación

La apertura a nuevas inversiones ocurre en un contexto de deterioro prolongado de la infraestructura eléctrica venezolana.

Una información de Reuters publicada el 10 de noviembre señaló que menos del 40 % de la capacidad de generación instalada se encontraba disponible, una situación que evidencia la magnitud de las dificultades del sector.

Sin embargo, producir más electricidad no resolverá necesariamente todos los problemas. El suministro también depende de líneas de transmisión, subestaciones, transformadores, redes de distribución y sistemas de mantenimiento.

Las interrupciones prolongadas afectan la conservación de alimentos, el funcionamiento de equipos médicos, el bombeo de agua, las telecomunicaciones y las actividades productivas.

Venezuela Adentro documentó recientemente cómo los apagones alteraron la rutina de familias en cinco estados, con denuncias de interrupciones prolongadas y dificultades para organizar las actividades domésticas.

También se registraron reclamos de vecinos de Los Guayos, en Carabobo, después de permanecer hasta 25 horas sin electricidad.

Estos antecedentes muestran que la evaluación de la reforma deberá considerar no solamente la incorporación de nuevos generadores, sino también la recuperación efectiva de las redes que llevan electricidad hasta las viviendas.

La inversión privada y sus posibles limitaciones

La participación empresarial podría contribuir a desarrollar proyectos de generación, incorporar tecnología y atender necesidades energéticas de industrias y grandes consumidores.

También podría reducir parte de la demanda que actualmente recae sobre el sistema público, especialmente cuando determinadas empresas produzcan electricidad para sus propias operaciones.

No obstante, estos beneficios son posibilidades y no resultados comprobados de la reforma recién aprobada.

La ejecución de nuevos proyectos requerirá inversiones, equipos, acuerdos comerciales, seguridad jurídica y condiciones técnicas adecuadas para conectarse a la infraestructura existente.

Además, el hecho de que una empresa pueda generar electricidad para un complejo industrial no significa que una comunidad cercana recibirá inmediatamente un suministro más estable.

Para establecer ese impacto será necesario conocer la ubicación de los proyectos, su capacidad real, las condiciones de interconexión y los compromisos de suministro.

Qué falta para que los cambios lleguen a los hogares

La aprobación parlamentaria representa una etapa del proceso legislativo. Para conocer el alcance definitivo de las disposiciones será necesario revisar el texto promulgado y su publicación en la Gaceta Oficial.

Posteriormente deberán desarrollarse las reglas de aplicación, los procedimientos de habilitación para operadores privados y las decisiones administrativas sobre tarifas y subsidios.

También quedan pendientes explicaciones sobre los criterios para proteger a los usuarios de menores ingresos, los mecanismos de reclamación y los plazos previstos para mejorar la continuidad del servicio.

La información disponible no permite establecer una fecha a partir de la cual los hogares comenzarán a pagar nuevas tarifas ni determinar cuánto aumentarán o disminuirán sus facturas.

El seguimiento de la reforma deberá centrarse en indicadores verificables: reducción de las horas sin electricidad, recuperación de instalaciones, capacidad de generación efectivamente incorporada, calidad del suministro y evolución del costo para los consumidores.

Para las familias venezolanas, la diferencia entre una modificación legal y una mejora concreta se medirá principalmente en la estabilidad del servicio que reciben y en su capacidad para pagarlo.

Fuentes referenciales:
Banca y Negocios / EFE — Asamblea Nacional aprueba reforma eléctrica, 10 de noviembre de 2026
Agencia Xinhua — Reforma eléctrica y esquema de subsidios, 11 de noviembre de 2026
El Diario — Cambios planteados en la legislación eléctrica, 10 de noviembre de 2026
El Impulso — Declaraciones sobre indexación de tarifas y subsidios, 10 de noviembre de 2026
Reuters — Apertura del sector eléctrico venezolano a la inversión privada, 10 de noviembre de 2026