Cuatro meses después de los sismos del 24 de junio, escuelas dañadas, familias desplazadas y dificultades para recuperar las clases mantienen abierta una emergencia educativa que afecta especialmente a las comunidades más vulnerables.

Redacción:
Redacción Venezuela Adentro

Cuatro meses después de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, la recuperación educativa continúa siendo uno de los desafíos más importantes para las familias afectadas. Aunque el año escolar comenzó oficialmente el 14 de septiembre, numerosos estudiantes todavía enfrentan dificultades para regresar a sus aulas, mientras docentes y representantes intentan reconstruir una rutina interrumpida por la emergencia.

La situación combina escuelas con daños estructurales, planteles utilizados como refugios temporales y familias que debieron abandonar sus viviendas. Un informe divulgado el 22 de octubre por la agencia EFE, basado en declaraciones de organizaciones humanitarias, estimó que alrededor de 200.000 niños y adolescentes permanecían afectados por la interrupción de las actividades escolares.

La cifra refleja la magnitud del problema, aunque debe distinguirse entre estudiantes sin clases, alumnos reubicados y menores que reciben educación mediante modalidades alternativas. No todos se encuentran necesariamente en la misma situación.

Escuelas cerradas y estudiantes reubicados

En septiembre, el Ministerio de Educación informó que aproximadamente 900 planteles habían sufrido daños leves, otros 87 presentaban afectaciones severas y 11 habían colapsado completamente. Estas cifras formaban parte del balance oficial elaborado antes del inicio del período escolar 2026-2027.

El ministro Héctor Rodríguez anunció entonces un proceso de reubicación para que los estudiantes de instituciones inhabilitadas pudieran continuar sus estudios en centros educativos cercanos. Sin embargo, los testimonios publicados posteriormente por medios independientes muestran que la aplicación de estas medidas no ha resuelto todas las dificultades.

En Propatria, al oeste de Caracas, representantes y docentes denunciaron que al menos seis instituciones permanecían identificadas con restricciones de acceso por daños en sus estructuras. La situación obligó a buscar alternativas para mantener las actividades académicas.

Roxy Portillo, representante de la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas, explicó a medios independientes que las comunidades esperaban soluciones para reubicar a los estudiantes mientras se reparaban los planteles afectados.

La emergencia también transformó las escuelas en refugios

Una de las consecuencias menos visibles de los terremotos ha sido la utilización de instalaciones educativas como alojamientos temporales para familias damnificadas.

El Ministerio de Educación informó en septiembre que decenas de escuelas continuaban funcionando como campamentos transitorios. La medida permitió ofrecer protección inmediata a personas que habían perdido sus hogares, pero también creó dificultades para recuperar los espacios destinados a la enseñanza.

Esta situación plantea dos necesidades que deben atenderse simultáneamente: garantizar alojamiento digno a las familias desplazadas y asegurar que los niños puedan regresar a escuelas seguras.

La recuperación de un plantel no consiste únicamente en reparar paredes o sustituir mobiliario. También requiere inspecciones estructurales, instalaciones sanitarias funcionales, suministro de agua, electricidad y condiciones adecuadas para docentes y estudiantes.

El impacto emocional sobre la infancia

Las consecuencias educativas de los terremotos van más allá de la infraestructura. Para muchos niños, la interrupción escolar ocurrió después de experiencias de pérdida, desplazamiento y temor ante nuevas emergencias.

La organización venezolana Cecodap, especializada en derechos de la infancia, presentó en octubre un balance sobre los primeros cien días posteriores a los sismos. Según los datos reseñados por Verifica Venezuela, registró 3.267 niños y adolescentes afectados, de los cuales 1.811 habían experimentado desplazamiento interno.

Estas cifras corresponden al universo documentado por la organización y no deben interpretarse como el total nacional de menores afectados.

Cecodap también ha insistido en que la inscripción administrativa de un estudiante no garantiza necesariamente su asistencia regular ni su recuperación emocional.

Por ello, propone desarrollar escuelas restaurativas, con acompañamiento psicosocial, participación comunitaria y medidas de reducción de riesgos que permitan reconstruir la confianza de los estudiantes.

La respuesta de organizaciones educativas y comunitarias

Ante las dificultades, distintas organizaciones han impulsado alternativas para mantener la continuidad escolar. El sacerdote jesuita Jesús Rodríguez Villarroel, director de la Fundación Unidos en la Misión, explicó a EFE que la red Fe y Alegría, en colaboración con la organización española Manos Unidas, desarrolla acciones de educación en emergencia en 24 escuelas.

La iniciativa contempla actividades educativas y acompañamiento psicosocial para estudiantes y familias afectadas.

Estas experiencias muestran la importancia de las redes comunitarias durante la recuperación, especialmente cuando la rehabilitación de los edificios requiere intervenciones prolongadas.

En paralelo, el Ministerio de Educación comunicó el 14 de octubre que continuaban los trabajos de rehabilitación de la Unidad Educativa Padre Sojo, en Caracas. En esa oportunidad, el ministro reconoció que cerca de mil escuelas requerían reparaciones y que otras 57 presentaban daños estructurales que demandaban intervenciones más complejas.

Las diferencias entre los balances publicados en septiembre y octubre evidencian la necesidad de disponer de información actualizada, desagregada por escuela y municipio, para conocer el avance real de las reparaciones.

El desafío de recuperar el derecho a estudiar

En sectores de Caracas, La Guaira y otras regiones afectadas, las familias siguen dependiendo de soluciones temporales para garantizar la educación de sus hijos. Algunas instituciones funcionan con horarios reducidos y otras mantienen modalidades alternativas mientras esperan reparaciones.

La prolongación de estas condiciones puede profundizar desigualdades anteriores a los terremotos, especialmente entre estudiantes que cuentan con recursos para trasladarse o estudiar desde casa y aquellos que dependen exclusivamente de la escuela pública de su comunidad.

El regreso efectivo a clases exige, por tanto, algo más que la reapertura administrativa de los planteles. Requiere verificar la seguridad de las instalaciones, asegurar la continuidad pedagógica y acompañar a los niños que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Para las familias afectadas, la recuperación educativa se medirá finalmente por una realidad concreta: que sus hijos puedan volver a estudiar de manera regular, en espacios seguros y sin que el desplazamiento o la pérdida de sus hogares comprometan su futuro.

Fuentes referenciales:
Infobae / Agencia EFE – Situación educativa cuatro meses después de los terremotos
El Tiempo – Escuelas afectadas y estudiantes sin clases
Verifica Venezuela – Informe sobre educación, desplazamiento y recuperación infantil
Ministerio de Educación – Reubicación de estudiantes afectados
Ministerio de Educación – Actualización sobre rehabilitación de escuelas