Empleados de la División Forestal, ubicada en Ospino, estado Portuguesa, llevaron sus exigencias hasta Caracas. Denuncian retrasos salariales de más de dos meses, beneficios pendientes y una reducción considerable de los puestos de trabajo.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
Trabajadores de la División Forestal de Cartón de Venezuela, antigua Smurfit Kappa, se trasladaron a Caracas para exigir respuestas sobre salarios, bonificaciones y beneficios laborales que, según denuncian, permanecen pendientes desde que el Estado venezolano asumió el control de la compañía en agosto de 2018.
La movilización fue reportada el lunes 9 de noviembre de 2026. Los empleados acudieron al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la Vicepresidencia de la República con la intención de presentar sus reclamaciones ante distintas instancias del Gobierno.
Elis Castellano, presidente del sindicato de trabajadores de la División Forestal, explicó que los empleados buscan soluciones para obligaciones laborales acumuladas durante varios años. También denunció que quienes todavía permanecen en la sede de Ospino llevan más de dos meses sin recibir sus salarios.
El reclamo de familias que dependen de la empresa
Durante la protesta, Castellano insistió en que detrás de las deudas laborales existen hogares que dependen de esos ingresos para cubrir sus necesidades cotidianas.
El dirigente sindical expresó que los trabajadores son padres y madres de familia que necesitan respuestas sobre las bonificaciones pendientes. Sus declaraciones fueron recogidas por medios regionales que documentaron la movilización.
La reclamación incluye salarios atrasados y beneficios que los empleados consideran incumplidos desde la intervención estatal de la compañía. No obstante, los reportes disponibles no contienen un desglose individual de las cantidades adeudadas ni una auditoría independiente que permita establecer el monto total de los compromisos pendientes.
La falta de ingresos regulares afecta la capacidad de los trabajadores para planificar sus gastos y sostener sus hogares. Esta situación adquiere especial importancia en comunidades donde las oportunidades de empleo industrial y forestal son limitadas.
De unos 2.000 empleos a menos de 200 trabajadores
La División Forestal de Cartón de Venezuela tuvo una presencia significativa en el municipio Ospino, estado Portuguesa. Según los antecedentes aportados por los representantes laborales, la actividad llegó a generar aproximadamente 2.000 puestos de trabajo.
Actualmente, los dirigentes sindicales calculan que permanecen menos de 200 empleados en esta división. La comparación refleja una reducción considerable de la plantilla, aunque no se dispone de una nómina oficial actualizada que permita verificar independientemente ambas cifras.
La empresa desarrollaba actividades forestales en unas 37.000 hectáreas situadas entre Ospino y el sector Río Acarigua, en el municipio Páez. Allí se cultivaban especies como eucalipto, melina y pino caribe, utilizadas como materia prima para la fabricación de papel y cartón.
La actividad también estaba vinculada con servicios de transporte, mantenimiento, vigilancia y formación técnica, por lo que su deterioro tiene repercusiones que pueden extenderse más allá de los empleados directos.
Una intervención estatal que comenzó en 2018
La situación actual tiene antecedentes en agosto de 2018, cuando las autoridades venezolanas intervinieron las operaciones de Smurfit Kappa Cartón de Venezuela mediante una actuación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
La administración pasó a manos de una junta designada por el Estado. Desde entonces, organizaciones laborales han presentado denuncias sobre el incumplimiento de compromisos contractuales y el deterioro de instalaciones productivas.
En enero de 2024, trabajadores de distintas plantas de la corporación ya habían realizado movilizaciones para exigir utilidades, beneficios establecidos en la contratación colectiva y otras obligaciones pendientes.
En febrero de 2025, representantes de la División Forestal volvieron a denunciar retrasos salariales y problemas relacionados con la ocupación de terrenos utilizados anteriormente para actividades forestales.
Las denuncias sobre las fincas y la producción
Los trabajadores también atribuyen parte del deterioro de las operaciones a la ocupación de predios pertenecientes a la compañía. Entre las fincas mencionadas figuran La Yaguara, Bumbi, El Hierro, El Toco, Los Garzones, Tacamajaca y Las Joyas.
Según los denunciantes, estas ocupaciones han limitado las labores forestales y contribuido a la reducción de empleos. Sin embargo, los reportes consultados no incluyen un inventario oficial actualizado de las propiedades ni decisiones judiciales que permitan establecer la situación jurídica de cada terreno.
Las dificultades también alcanzan la producción industrial. De acuerdo con cifras aportadas por los trabajadores, la compañía llegó a producir alrededor de 9.000 toneladas mensuales de papel, mientras que posteriormente su producción habría descendido hasta unas 6.000 toneladas anuales.
Los representantes laborales señalan problemas de mantenimiento, deterioro de calderas y paralización de equipos industriales. También afirman que actualmente las operaciones se encuentran detenidas, situación que requiere un balance oficial para determinar el estado de cada instalación.
Las respuestas que esperan los trabajadores
La movilización en Caracas busca obtener compromisos concretos sobre el pago de salarios atrasados, bonificaciones y demás beneficios reclamados.
Los empleados también necesitan información sobre la continuidad de sus puestos de trabajo y las perspectivas de recuperación de la actividad forestal e industrial en Portuguesa.
Hasta el cierre de los reportes publicados el 9 de noviembre, no se había informado de un calendario oficial de pagos ni de un acuerdo definitivo entre los representantes de los trabajadores y las instituciones visitadas.
La reclamación sindical plantea así dos cuestiones pendientes: la atención inmediata de las obligaciones laborales denunciadas y la definición de medidas que permitan conocer el futuro productivo de la empresa.
Para las familias de Ospino vinculadas con esta actividad, las respuestas no dependen únicamente de anuncios administrativos, sino de pagos verificables, condiciones laborales estables e información clara sobre la continuidad de las operaciones.
Fuentes referenciales:
Portuguesa Reporta — Testimonios sindicales y protesta del 9 de noviembre de 2026
El Pitazo — Reclamos laborales y antecedentes de Cartón de Venezuela
Diario Última Hora Digital — Antecedentes de las reclamaciones laborales en 2024
El Carabobeño — Protestas anteriores por beneficios contractuales
