Espacio Público documentó 99 casos entre enero y octubre de 2026. La organización advierte sobre intimidaciones a periodistas, restricciones informativas y disposiciones de la reformada Ley contra el Odio.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
La organización venezolana Espacio Público registró 183 violaciones al derecho a la libertad de expresión en 99 casos documentados entre enero y octubre de 2026. Su balance más reciente, difundido el 10 de noviembre, advierte que periodistas, ciudadanos y organizaciones sociales continúan enfrentando restricciones para informar, expresar opiniones y acceder a contenidos digitales.
Durante octubre se identificaron siete casos y nueve violaciones, una cifra que representa un aumento respecto de los tres casos registrados en cada uno de los dos meses anteriores. La organización señaló que la intimidación concentró aproximadamente dos tercios de las violaciones de ese mes.
El informe plantea interrogantes sobre la protección de quienes ejercen el periodismo y sobre los efectos de las recientes modificaciones de la legislación venezolana relacionada con los discursos de odio.
Periodistas entre las principales víctimas registradas
De acuerdo con Espacio Público, el balance acumulado de los primeros diez meses del año incluye 90 hechos de intimidación y 44 de censura.
La organización identificó 131 víctimas, entre ellas 77 periodistas o reporteros, equivalentes al 58,78 % del total. También documentó afectaciones contra particulares y personas vinculadas con organizaciones civiles.
Es importante distinguir las categorías utilizadas: un caso puede incluir varias violaciones y afectar a más de una persona. Por tanto, las 183 violaciones registradas no corresponden necesariamente a 183 víctimas diferentes.
Los resultados proceden del monitoreo de Espacio Público y no constituyen un censo exhaustivo de todos los incidentes ocurridos en Venezuela.
Incidentes durante coberturas periodísticas
Entre los acontecimientos documentados en octubre figura una restricción denunciada por equipos de Venevisión y Televen durante una actividad en la Asamblea Nacional.
Según Espacio Público, el 22 de octubre personal de seguridad impidió a los periodistas grabar desde el palco de prensa la juramentación de representantes de la sociedad civil ante el Comité de Postulaciones Judiciales.
Los comunicadores tuvieron que trasladarse a los jardines del recinto para continuar sus transmisiones.
La organización también registró un incidente contra Reynaldo Mozo, reportero de Efecto Cocuyo, durante una concentración opositora en Plaza Venezuela, Caracas. El periodista fue señalado como supuesto infiltrado por personas presentes en la actividad. Posteriormente, el exdiputado Richard Blanco ofreció disculpas públicas por lo ocurrido.
Otro caso corresponde al periodista Ricardo Tarazona, corresponsal de El Carabobeño, quien denunció amenazas mientras cubría reclamos comunitarios por la falta de ambulancias en Urachiche, estado Yaracuy.
Estos episodios muestran que las denuncias de hostigamiento no se limitan a un único espacio político o institucional.
La reforma de la Ley contra el Odio genera cuestionamientos
Una parte importante del informe está dedicada a la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró la conformidad constitucional del proyecto mediante la sentencia número 1034, del 15 de octubre de 2026.
Según el análisis de Espacio Público, la modificación elimina las penas de prisión de entre diez y veinte años contempladas en la legislación anterior y establece nuevas disposiciones administrativas.
La organización reconoce la eliminación de esas penas como un cambio relevante, pero cuestiona que permanezcan definiciones jurídicas que considera ambiguas.
Entre las sanciones previstas se encuentran multas calculadas mediante una referencia cambiaria oficial y medidas de trabajo comunitario.
Espacio Público advierte que las disposiciones sobre retiro inmediato de contenidos digitales podrían facilitar decisiones restrictivas sin una revisión judicial previa.
Estas observaciones constituyen la evaluación jurídica de la organización. La aplicación concreta de la normativa dependerá de los procedimientos administrativos, las decisiones de las autoridades y el control judicial correspondiente.
La CIDH también pidió revisar la legislación
El 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicitaron al Estado venezolano derogar la Ley contra el Odio.
Ambos organismos consideraron que una reforma parcial no solucionaba las deficiencias estructurales que habían identificado en la legislación.
También reclamaron mayor transparencia y participación pública en el proceso de discusión parlamentaria.
Las observaciones internacionales se suman a las preocupaciones expresadas por organizaciones venezolanas sobre el alcance de las sanciones y las garantías disponibles para proteger la expresión de opiniones.
Absoluciones judiciales y procesos pendientes
El informe destaca las sentencias absolutorias dictadas a favor de los periodistas Luis López, Gabriel González, Rory Branker y Carlos Julio Rojas, así como de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Espacio Público considera que estas decisiones deben acompañarse de medidas de reparación para las personas afectadas por las detenciones y los procedimientos judiciales.
La organización también señala que permanecen abiertos otros procesos.
Entre ellos menciona a Jonathan Carrillo, estudiante de Comunicación Social que estuvo más de tres años y siete meses detenido y que, según el balance, continúa sometido a presentaciones periódicas ante un tribunal.
Asimismo, documenta la situación de Ana Belén Tovar, exgerente de Venmedios, cuyo juicio registró nuevos aplazamientos durante octubre.
Cuarenta sitios web permanecen bloqueados
El acceso a la información digital constituye otro de los asuntos examinados.
Según mediciones de la plataforma OONI analizadas por Espacio Público hasta el 2 de octubre, 47 sitios web habían recuperado el acceso después de medidas de desbloqueo anunciadas en septiembre, mientras otros 40 permanecían restringidos.
Entre los portales señalados figuran medios periodísticos y plataformas de información política.
La organización atribuye estas restricciones a mecanismos técnicos aplicados por proveedores de Internet, entre ellos bloqueos mediante DNS, filtrado SNI y direcciones IP.
Estas medidas son distintas de las interrupciones generales de conectividad provocadas por averías o fallas eléctricas, aunque ambas pueden dificultar que los ciudadanos accedan a información.
Qué respuestas siguen pendientes
El balance plantea la necesidad de conocer qué medidas adoptarán las instituciones venezolanas para garantizar el trabajo periodístico y prevenir amenazas durante coberturas informativas.
También permanece abierta la discusión sobre los mecanismos de revisión de sanciones administrativas, la protección judicial de la libertad de expresión y las condiciones para eliminar restricciones injustificadas de acceso a páginas web.
Espacio Público solicita además reparaciones para personas absueltas después de haber permanecido detenidas y garantías para quienes continúan enfrentando procedimientos judiciales.
La evolución de estos asuntos podrá evaluarse mediante decisiones verificables: levantamiento de bloqueos, resolución de causas pendientes, aplicación de garantías procesales y publicación de información oficial sobre las medidas adoptadas.
Fuentes referenciales:
Espacio Público — Octubre: aumentan las violaciones contra la libertad de expresión, 10 de noviembre de 2026
La Patilla — Espacio Público denunció repunte de ataques a la libertad de expresión, 10 de noviembre de 2026
