La organización documentó 550 casos de vulneración de derechos entre enero de 2025 y septiembre de 2026. El maltrato, el abuso sexual y el acoso escolar revelan dificultades de protección que comienzan en el hogar y las aulas y se extienden a las instituciones responsables de atender a las víctimas.

Redacción: Redacción Venezuela Adentro

Los lugares donde los niños y adolescentes deberían sentirse más protegidos figuran entre los escenarios de violencia identificados por Cecodap en Venezuela. El hogar y la escuela aparecen de manera recurrente en el Informe Somos Noticia 2025-2026, presentado el 10 de noviembre, que examina los casos atendidos por el Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de la organización.

Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, el servicio registró 550 casos de vulneración de derechos: 302 durante 2025 y otros 248 en los primeros nueve meses de 2026. Las situaciones más frecuentes estuvieron relacionadas con maltrato, acoso escolar y abuso sexual.

Estas cifras no representan la totalidad de los episodios de violencia infantil ocurridos en Venezuela. Corresponden exclusivamente a las situaciones que llegaron al servicio jurídico de Cecodap, una organización que ofrece orientación gratuita y confidencial a niños, adolescentes y sus familias.

Sin embargo, los datos permiten examinar problemas concretos: quiénes buscan ayuda, dónde ocurren las agresiones, qué dificultades enfrentan las víctimas y por qué una denuncia no siempre garantiza protección efectiva.

Más solicitudes de ayuda durante 2026

La abogada Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica, explicó que durante 2025 se realizaron 2.490 intervenciones legales, un incremento del 34,96 % respecto al año anterior.

Los 302 casos atendidos ese año involucraron a 1.162 personas, entre ellas 472 niños, niñas y adolescentes. Durante los primeros nueve meses de 2026, el servicio registró 248 casos que involucraron a 990 personas.

La comparación con el mismo período de 2025 muestra un incremento del 11,7 % en los casos atendidos y del 16,7 % en las personas beneficiarias de la asistencia jurídica.

El crecimiento evidencia una mayor demanda de atención dentro del servicio, aunque por sí solo no permite determinar si la violencia aumentó en idéntica proporción en todo el país.

Del acoso escolar al maltrato como principal denuncia

Una de las diferencias más importantes entre los dos períodos es el tipo de violencia que aparece con mayor frecuencia en los registros.

Durante 2025, el acoso escolar encabezó las situaciones documentadas, con 48 casos. Le siguieron el maltrato, con 45, y el abuso sexual, con 29.

En cambio, entre enero y septiembre de 2026, el maltrato pasó al primer lugar, con 49 casos, seguido del abuso sexual, con 27, y el acoso escolar, con 17.

La violencia contra la integridad personal representó el 54,30 % de los casos en 2025 y el 52,82 % en 2026. Es decir, más de la mitad de las situaciones atendidas en ambos períodos estuvieron relacionadas con agresiones o amenazas a la integridad de los menores.

El cambio en el orden de las denuncias no significa que el acoso escolar haya dejado de ser un problema. Además, las cifras de 2026 abarcan solamente nueve meses, mientras que las correspondientes a 2025 incluyen el año completo.

Cuando el agresor pertenece al entorno cercano

Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con la identidad de los presuntos agresores.

En 174 casos atendidos durante 2025 se logró identificar a la persona señalada como responsable. Según Cecodap, el padre o la madre figuraron en el 37 % de esos registros. Al incorporar a otros familiares, la proporción superó el 40 %.

Los compañeros de clase representaron el 27,6 % de los agresores identificados, mientras que el personal docente o administrativo de los centros educativos apareció en el 5,8 %.

Estos porcentajes corresponden al conjunto de expedientes en los que se identificó a un presunto agresor y no deben interpretarse como estadísticas nacionales sobre todas las familias o instituciones educativas.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, advirtió que las situaciones de violencia dentro del hogar y la escuela presentan dificultades particulares: después de denunciar, la víctima puede verse obligada a regresar al mismo entorno donde ocurrió la agresión.

La protección, por tanto, no termina cuando una institución recibe una denuncia. También requiere evaluar el riesgo, adoptar medidas oportunas y garantizar que el niño o adolescente no quede nuevamente expuesto.

Las niñas adolescentes enfrentan riesgos específicos

El informe también identifica diferencias relacionadas con la edad y el sexo de las víctimas atendidas.

Entre las niñas y adolescentes mujeres registradas, aproximadamente la mitad tenía entre 12 y 17 años. En ese grupo destacaron las denuncias vinculadas con abuso sexual, violencia basada en género y riesgos digitales, incluido el contacto de adultos con menores mediante mecanismos de manipulación o captación.

Entre los varones atendidos, seis de cada diez tenían entre 6 y 11 años. Las situaciones más frecuentes estuvieron relacionadas con maltrato dentro del hogar y acoso escolar.

Estas diferencias muestran la necesidad de adaptar los mecanismos de prevención y protección a las edades y circunstancias de las víctimas, sin asumir que determinados tipos de violencia afectan exclusivamente a un grupo.

La migración también transforma la protección familiar

La emigración venezolana aparece en el informe como un factor que modifica las condiciones de cuidado de numerosos niños y adolescentes.

Durante 2025, en el 34,11 % de los casos atendidos se registró la ausencia de al menos uno de los padres. Casi la mitad de esas ausencias estaba relacionada con procesos migratorios.

Esto no significa que la separación familiar implique necesariamente abandono o maltrato. Sin embargo, puede generar dificultades cuando abuelos, tíos u otros parientes asumen el cuidado cotidiano sin contar con documentos que acrediten formalmente su representación.

Según Cecodap, las consultas sobre colocación familiar se duplicaron. Entre los obstáculos identificados figuran los trámites para inscribir a menores en instituciones educativas, autorizar procedimientos médicos y ejercer determinadas responsabilidades legales.

Las mujeres sostienen buena parte de estas gestiones. Madres, abuelas y cuidadoras representaron el 62 % de los adultos atendidos en 2025 y el 61 % durante los primeros nueve meses de 2026.

La salud mental exige una respuesta diferenciada

Otro apartado del balance advierte sobre situaciones relacionadas con autolesiones, intentos de suicidio y alteraciones del estado de ánimo.

Durante 2025, Cecodap atendió 11 casos de intentos de suicidio, una cifra 5,5 veces superior a la registrada en 2024. En los primeros nueve meses de 2026 documentó otros 11 casos relacionados con autolesiones y alteraciones del estado de ánimo.

Las categorías de ambos períodos no son idénticas, por lo que no corresponde presentar esas cantidades como una comparación directa de intentos de suicidio.

Los registros, sin embargo, subrayan la importancia de contar con atención psicológica accesible, mecanismos de detección temprana y acompañamiento familiar y escolar para los menores que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional.

Denunciar no garantiza que el derecho sea restituido

Durante 2025, el Servicio de Atención Jurídica presentó 36 denuncias formales y realizó 40 remisiones a organismos competentes, incluidos consejos de protección, el Ministerio Público, la Defensa Pública y tribunales especializados.

La existencia de estos procedimientos demuestra que una parte de los casos requiere intervención institucional más allá de la orientación jurídica inicial.

Pero también plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurre después de presentar la denuncia?

Trapani ha insistido en la necesidad de que las instituciones ofrezcan respuestas verificables y mecanismos de seguimiento. La recepción de un expediente, por sí sola, no demuestra que haya cesado la vulneración ni que la víctima cuente con protección efectiva.

Las familias también pueden enfrentar dificultades económicas para trasladarse a organismos públicos, asistir a audiencias o dedicar tiempo a procedimientos que se prolongan durante semanas o meses.

En esas circunstancias, la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y su ejercicio efectivo puede convertirse en otro obstáculo para los niños y adolescentes.

Qué revela realmente el informe sobre Venezuela

El Informe Somos Noticia 2025-2026 no permite calcular cuántos niños sufren violencia en todo el territorio nacional ni establecer una tasa general de maltrato infantil.

Su principal valor está en documentar experiencias concretas de familias que solicitaron asistencia y mostrar los obstáculos encontrados durante la búsqueda de protección.

Los resultados identifican tres ámbitos especialmente sensibles: la seguridad dentro del hogar, la convivencia escolar y la capacidad de respuesta de las instituciones.

También muestran que las situaciones de violencia pueden combinarse con problemas de representación familiar, dificultades económicas y necesidades de atención psicológica.

La información presentada por Cecodap deja pendiente una cuestión decisiva para evaluar las políticas de protección infantil: conocer no solamente cuántas denuncias reciben los organismos públicos, sino cuántas concluyen con medidas efectivas de protección, restitución de derechos y seguimiento de las víctimas.

Fuentes referenciales:
El Estímulo — Nota de prensa sobre el Informe Somos Noticia 2025-2026, 10 de noviembre de 2026
El Diario — Vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, 10 de noviembre de 2026
Acento Venezuela — Balance de casos atendidos por Cecodap, 10 de noviembre de 2026
Diario Primicia — Maltrato, acoso escolar y abuso sexual, 11 de noviembre de 2026