Una investigación de El Pitazo documenta denuncias en 38 conjuntos residenciales y discrepancias que afectan al menos a 118 edificaciones. Los registros digitales complican el acceso al Plan Venezuela Renace.

Redacción: Redacción Venezuela Adentro

Para numerosas familias que perdieron sus viviendas durante los terremotos del 24 de junio de 2026, la posibilidad de adquirir un nuevo hogar depende ahora de que los datos de un código QR coincidan con la realidad. Errores en nombres, direcciones y clasificaciones de edificios están dificultando los trámites de financiamiento del Plan Venezuela Renace en el estado La Guaira.

Una investigación publicada por El Pitazo el 7 de noviembre amplió las denuncias que ya habían presentado propietarios de inmuebles afectados. Durante dos semanas, el medio recogió testimonios de residentes de 38 conjuntos habitacionales que señalaron inconsistencias en los registros utilizados por las instituciones bancarias.

El reportaje también identificó al menos 118 edificaciones con discrepancias o situaciones pendientes de clasificación. Se trata de un problema que no solo afecta la documentación: algunas familias permanecen fuera de sus apartamentos mientras esperan una certificación que les permita solicitar créditos para recuperar una vivienda.

Una letra equivocada puede detener un expediente

Raquel Herrera residía en el edificio Mediterranée, ubicado en Puerto Viejo, parroquia Urimare. La estructura colapsó durante los terremotos y ella perdió a su esposo y a su hermana.

Al intentar acceder al financiamiento habitacional, descubrió que el registro digital identificaba su residencia como Mediterráneo y la ubicaba en Caraballeda, una parroquia diferente.

Herrera explicó a El Pitazo que había advertido durante el censo cómo debía escribirse el nombre del edificio. Sin embargo, la información incorporada al sistema no coincidía con sus documentos de propiedad.

La diferencia es importante porque existe otro inmueble llamado Mediterráneo en la urbanización Caribe de Caraballeda. Aunque también resultó afectado por los terremotos, corresponde a una edificación distinta.

Según su testimonio, la damnificada acudió en más de doce oportunidades a las oficinas correspondientes para solicitar la corrección de los datos, sin conseguir resolver el problema.

Los bancos necesitan documentos coincidentes

La certificación del estado estructural de los inmuebles constituye uno de los requisitos para tramitar los créditos del Plan Venezuela Renace.

Una fuente del sector bancario consultada por El Pitazo explicó que algunas solicitudes inicialmente preaprobadas terminan rechazadas cuando existen diferencias entre la información del código QR y los documentos presentados por los propietarios.

Raúl Hernández, antiguo residente de un edificio colapsado en la avenida La Playa de Caraballeda, relató que su expediente fue devuelto por inconsistencias en la dirección registrada.

El problema evidencia la importancia de que los datos recopilados durante la emergencia puedan corregirse mediante procedimientos accesibles, especialmente cuando las personas perdieron documentos y pertenencias durante los movimientos sísmicos.

La etiqueta roja no siempre acredita un colapso

Otro obstáculo aparece cuando la clasificación digital de un edificio no coincide con sus condiciones físicas o con las evaluaciones realizadas anteriormente.

Los residentes de Abejita II, en Palmar Este de Caraballeda, denunciaron que una primera inspección identificó el inmueble como colapsado. Sin embargo, una evaluación posterior mantuvo la etiqueta roja mientras el código QR señalaba daños leves.

César Pérez, propietario de un apartamento en ese edificio, explicó al medio que los residentes necesitan una determinación definitiva sobre el futuro de sus viviendas.

Una etiqueta roja puede indicar restricciones de acceso por motivos de seguridad, pero no necesariamente equivale a la certificación administrativa de colapso exigida para determinados créditos.

Un ingeniero vinculado con las inspecciones de habitabilidad explicó a El Pitazo, bajo reserva de identidad, que una nueva evaluación podría establecer si el inmueble es reparable o si corresponde clasificarlo como colapsado.

El problema alcanza a diferentes comunidades

La investigación identificó discrepancias en al menos 118 edificaciones del litoral central. Entre los sectores mencionados figuran Playa Grande, Caribe, Palmar Este, Tanaguarena y distintas zonas de Macuto.

En Playa Grande se reportaron 73 edificios pendientes de revisión. Otros 27 fueron identificados en sectores de Caraballeda, mientras que ocho se localizaron en áreas de Macuto. Estas cantidades corresponden a los casos detallados en el reportaje y no constituyen un inventario completo de todos los inmuebles afectados.

Entre las edificaciones cuyos propietarios esperan nuevas evaluaciones aparecen las OPPE 30 y 34 de Tanaguarena, las residencias Marlit, Golf Plaza, Los Delfines y La Riviera.

El problema de las OPPE 30 y 34 ya había sido documentado por Venezuela Adentro el 2 de noviembre, cuando se informó que alrededor de 400 familias de Caraballeda solicitaban corregir las etiquetas de sus edificios para acceder a créditos de vivienda.

La nueva investigación amplía ese antecedente al identificar errores de registro en otras comunidades y mostrar cómo las discrepancias pueden impedir que los bancos procesen solicitudes.

Un registro oficial con cientos de inmuebles colapsados

Según la revisión realizada por El Pitazo, la plataforma de la Comisión Nacional de Habitabilidad contabilizaba 999 edificaciones clasificadas como colapsadas en La Guaira hasta el 3 de noviembre.

El registro incluía 483 inmuebles en Urimare, 264 en Caraballeda y 166 en Catia La Mar. También comprendía estructuras comerciales, viviendas individuales e instalaciones públicas, por lo que no debe interpretarse como una cifra exclusiva de edificios residenciales.

Estos datos permiten dimensionar el trabajo administrativo y técnico que requiere la recuperación habitacional después de los terremotos.

Las familias necesitan correcciones y plazos claros

Los propietarios afectados solicitan nuevas inspecciones, actualización de los registros digitales y mecanismos para corregir nombres, direcciones y clasificaciones sin tener que repetir indefinidamente los mismos trámites.

También necesitan conocer qué institución debe resolver cada discrepancia y cuánto tiempo puede tardar la emisión de una certificación válida ante los bancos.

En el caso de las OPPE 30 y 34, Oriana Cardona explicó a El Pitazo que los vecinos continuaban esperando un estudio de verticalidad que permitiera determinar la situación definitiva de sus apartamentos.

Hasta el 8 de noviembre no se había identificado una respuesta pública que estableciera un procedimiento general de corrección para los casos documentados en la investigación.

La actualización de los registros no garantiza automáticamente la aprobación de un crédito, pero puede eliminar un obstáculo que actualmente impide a numerosas familias completar siquiera la evaluación financiera.

Para quienes perdieron sus hogares, la prioridad es que las inspecciones técnicas, las certificaciones digitales y los documentos bancarios reflejen información coherente. Sin esa correspondencia, la reconstrucción de sus vidas continúa dependiendo de trámites que todavía no ofrecen una solución verificable.

Fuentes referenciales:
El Pitazo — El QR da error: damnificados denuncian fallas para obtener créditos del Plan Venezuela Renace, 7 de noviembre de 2026
Comisión Nacional de Habitabilidad — Plataforma de registro y clasificación de inmuebles
Venezuela Adentro — Familias de Caraballeda piden corregir etiquetas para acceder a créditos de vivienda, 2 de noviembre de 2026