Familias de esta comunidad rural de Trujillo levantaron una protesta tras alcanzar un compromiso de diálogo con las autoridades educativas. Reclaman investigaciones y condiciones seguras para sus hijos.
Redacción: Redacción Venezuela Adentro
En Burbusay, una comunidad rural del municipio Boconó, estado Trujillo, padres y representantes mantienen una exigencia que consideran indispensable para el regreso de sus hijos a las aulas: conocer qué está provocando los reiterados episodios de presunta intoxicación registrados en las instituciones educativas de la localidad y recibir garantías de seguridad.
La preocupación llevó a las familias a cerrar la Troncal 7 el jueves 5 de noviembre de 2026. La manifestación se prolongó durante más de doce horas y afectó la circulación por esta importante vía de comunicación. Los participantes solicitaron la presencia de autoridades educativas, inspecciones sanitarias y alternativas para que los estudiantes pudieran continuar su formación sin exponerse a riesgos todavía no esclarecidos.
Después de varios días de tensión, los representantes decidieron levantar la protesta ante el compromiso de establecer reuniones con funcionarios regionales. Sin embargo, el acuerdo no significa que las causas de los incidentes hayan sido identificadas.
Las familias reclaman ser escuchadas
La movilización reunió a representantes del Liceo Padre Durán y de la Escuela César Alfonso Labastidas, dos instituciones cuyos integrantes han reportado emergencias sanitarias durante 2026.
Ligmary Perdomo, vocera de los padres y representantes, explicó en declaraciones recogidas por El Pitazo que las familias habían solicitado reiteradamente una investigación y respuestas sobre los acontecimientos registrados desde febrero.
La representante señaló que se habían producido cuatro episodios de presunta intoxicación en la parroquia sin que, hasta entonces, las familias recibieran explicaciones concluyentes sobre su origen.
Los reclamos también incluyen el trato recibido durante las reuniones con las autoridades. Según Perdomo, los representantes presentaron solicitudes para garantizar la seguridad escolar, pero denunciaron que sus planteamientos no fueron atendidos adecuadamente.
Las familias insisten en que su posición no representa un rechazo a la educación presencial. Su preocupación se concentra en las condiciones bajo las cuales se pretende reanudar la asistencia a los planteles.
Una emergencia que volvió a generar preocupación
El 4 de noviembre, nueve estudiantes, dos trabajadores y una docente del Liceo Padre Durán requirieron atención médica después de presentar mareos, adormecimiento de las piernas y reacciones cutáneas, según los reportes periodísticos.
Los afectados fueron trasladados al ambulatorio de Burbusay, donde recibieron asistencia sanitaria.
La emergencia ocurrió después de otros incidentes registrados durante octubre. Diario de Los Andes había informado el 20 de ese mes sobre cinco personas atendidas en menos de 24 horas, entre ellas estudiantes y docentes.
En aquella oportunidad, una trabajadora necesitó ser trasladada al Hospital Rafael Rangel. El medio regional también documentó dificultades con la ambulancia de la comunidad, que no disponía de neumáticos en condiciones para efectuar el traslado.
Estas circunstancias ampliaron las preocupaciones de los vecinos, quienes consideran necesario fortalecer tanto la prevención dentro de las escuelas como la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios locales.
Un acuerdo abre la posibilidad de diálogo
Diario de Los Andes informó que los representantes levantaron voluntariamente el cierre de la Troncal 7 después de que autoridades gubernamentales acudieran al lugar y se planteara una agenda de reuniones.
El compromiso contempla un encuentro entre una delegación de padres y el responsable regional del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, además de una visita de funcionarios a Burbusay para evaluar directamente la situación.
Según la información publicada, las reuniones estaban previstas para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Aunque uno de los reportes consignó octubre por error, las fechas corresponden al calendario de noviembre de 2026.
La propuesta incluye la instalación de una mesa de trabajo en la comunidad para examinar las denuncias, escuchar a los representantes y estudiar posibles soluciones.
Hasta el 8 de noviembre, las reuniones anunciadas todavía no se habían celebrado. Por tanto, sus resultados y eventuales acuerdos adicionales permanecen pendientes de comprobación.
La continuidad educativa también preocupa
Las clases permanecerían suspendidas preventivamente en los dos planteles, de acuerdo con la información difundida tras el levantamiento de la protesta.
Esta situación plantea otro desafío para las familias: evitar que la interrupción de las actividades presenciales perjudique el aprendizaje de los estudiantes.
Los representantes han solicitado modalidades educativas alternativas mientras se realizan las investigaciones. Entre las posibilidades mencionadas figuran las actividades a distancia y otros mecanismos que permitan mantener el contacto entre docentes y alumnos.
La aplicación de estas alternativas dependerá de las decisiones de las autoridades educativas y de las condiciones tecnológicas y materiales disponibles en la comunidad.
Para las familias, la prioridad es que el derecho a la educación pueda mantenerse sin desconocer la necesidad de proteger la salud de los estudiantes y trabajadores.
Una comunidad que espera resultados concretos
Los antecedentes de Burbusay se remontan al menos a febrero de 2026, cuando representantes del Liceo Padre Durán acudieron a las autoridades para solicitar investigaciones sobre síntomas presentados por varios estudiantes.
En ese momento surgieron sospechas comunitarias sobre una posible exposición a productos agroquímicos utilizados en zonas agrícolas cercanas. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada mediante resultados toxicológicos públicos concluyentes.
La preocupación de Burbusay también se relaciona con otros episodios escolares ocurridos en Venezuela, como el caso de siete estudiantes afectadas en Guanarito, estado Portuguesa, cuyas familias igualmente solicitaron investigaciones y mejores condiciones de atención de emergencias.
En Burbusay, el levantamiento de la protesta permitió restablecer la circulación por la Troncal 7, pero las principales demandas comunitarias siguen abiertas.
Los representantes esperan conocer los resultados de las inspecciones, recibir información sobre las investigaciones y participar en las decisiones relacionadas con el regreso a clases.
Las reuniones previstas para los próximos días serán una oportunidad para comprobar si el compromiso de diálogo se traduce en medidas concretas y verificables para las dos instituciones educativas.
Fuentes referenciales:
Diario de Los Andes — Cesan las protestas en Burbusay y anuncian reuniones con representantes, noviembre de 2026
El Pitazo — Protesta de padres para exigir garantías sanitarias, 6 de noviembre de 2026
Diario de Los Andes — Actualización de los casos de presunta intoxicación en Burbusay, 22 de octubre de 2026
Diario de Los Andes — Cinco afectados en menos de 24 horas, 20 de octubre de 2026
Diario de Los Andes — Representantes solicitaron investigaciones desde febrero de 2026
