El Colegio Nacional de Periodistas exige derogar la legislación y advierte que sustituir las penas de prisión por multas no garantiza la libertad de expresión en Venezuela.


Redacción: Redacción Venezuela Adentro

El debate sobre la reforma de la Ley contra el Odio en Venezuela ha entrado en una nueva etapa de cuestionamientos. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó el proyecto de modificación parcial que examina la Asamblea Nacional y solicitó la derogación completa de la normativa, al considerar que los cambios propuestos mantienen mecanismos capaces de restringir la libertad de expresión.

El pronunciamiento fue presentado el viernes 13 de noviembre de 2026, durante una rueda de prensa encabezada por representantes del gremio periodístico. Su posición añade nuevas observaciones al proceso de consulta parlamentaria iniciado después de la aprobación del proyecto en primera discusión, el pasado 3 de noviembre.

La controversia trasciende el ejercicio profesional del periodismo. Las disposiciones examinadas también pueden afectar a ciudadanos que publican opiniones en redes sociales, denuncian problemas comunitarios o participan en discusiones sobre asuntos públicos.

Por qué el Colegio de Periodistas rechaza la reforma

El presidente del CNP, Tinedo Guía, sostuvo que la legislación aprobada en 2017 presenta problemas fundamentales que no pueden resolverse únicamente mediante modificaciones parciales.

Entre las principales preocupaciones del gremio figura la sustitución de las penas de prisión por sanciones administrativas de considerable cuantía. Aunque eliminar las condenas de cárcel representaría una modificación importante, el CNP advierte que las multas podrían continuar funcionando como mecanismos de presión contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.

El proyecto contempla sanciones calculadas mediante una referencia al tipo de cambio oficial, con valores comprendidos entre 500 y 10.000 unidades de esa referencia. Su aplicación concreta dependería de las disposiciones finalmente aprobadas.

Para el gremio, el problema no consiste solamente en el monto de las sanciones, sino en la posibilidad de que una persona evite expresar opiniones o publicar información por temor a consecuencias económicas.

El papel del Ejecutivo en la aplicación de sanciones

Otro punto cuestionado es la atribución de competencias sancionatorias al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Según las observaciones difundidas por el CNP, permitir que una dependencia del Poder Ejecutivo investigue e imponga sanciones relacionadas con expresiones públicas puede comprometer las garantías de imparcialidad y debido proceso.

El consultor jurídico del gremio, Andrés Raúl Páez, también cuestionó la permanencia de conceptos que considera ambiguos y susceptibles de interpretaciones discrecionales.

La discusión jurídica gira alrededor de una pregunta esencial: quién determina que una expresión constituye una conducta sancionable y qué garantías tiene el ciudadano para defenderse de esa decisión.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que las restricciones a la libertad de expresión deben estar claramente definidas, perseguir fines legítimos y cumplir criterios de necesidad y proporcionalidad.

Una discusión que comenzó antes del pronunciamiento gremial

La posición del CNP constituye un nuevo capítulo de un debate que ya había llegado al Parlamento.

El 11 de noviembre, representantes de Espacio Público y otras organizaciones participaron en una reunión de consulta con la comisión legislativa presidida por el diputado Pedro Infante.

En aquella oportunidad, las organizaciones solicitaron eliminar las disposiciones que consideran incompatibles con las garantías constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

Venezuela Adentro informó anteriormente sobre la petición de las organizaciones civiles para derogar la Ley contra el Odio, presentada durante ese proceso de consulta.

La novedad del pronunciamiento del 13 de noviembre es que el Colegio Nacional de Periodistas formalizó sus objeciones al proyecto y pidió expresamente que el Parlamento abandone la reforma parcial en favor de una derogación completa.

La diferencia entre combatir el odio y restringir opiniones

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en 2017 con el propósito declarado de prevenir manifestaciones que promovieran violencia, discriminación y enfrentamientos entre ciudadanos.

Las autoridades venezolanas han defendido la necesidad de disponer de instrumentos jurídicos para sancionar conductas de incitación al odio y proteger la convivencia.

Sin embargo, organizaciones periodísticas y de derechos humanos consideran que algunas definiciones de la normativa son demasiado amplias y pueden utilizarse contra expresiones críticas que no constituyen incitación a la violencia.

Esta distinción es fundamental. Una amenaza contra una persona o un llamado a ejercer violencia no equivale a una denuncia sobre servicios públicos, una crítica a una autoridad o una opinión política expresada pacíficamente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también intervinieron en el debate. En un pronunciamiento del 28 de octubre, solicitaron a Venezuela derogar las disposiciones que restrinjan indebidamente la libertad de expresión y garantizar un proceso legislativo transparente y participativo.

Qué ocurrirá con quienes fueron procesados bajo la ley

El CNP también pidió atender la situación de las personas que enfrentan procedimientos judiciales relacionados con la aplicación de la legislación vigente.

La organización considera necesario revisar las causas abiertas y establecer garantías que impidan nuevas actuaciones contrarias a los derechos fundamentales.

Este planteamiento introduce una dimensión adicional: una reforma que modifique las sanciones futuras no necesariamente resuelve la situación jurídica de quienes fueron investigados, detenidos o condenados bajo disposiciones anteriores.

El alcance de cualquier medida de revisión dependerá del texto definitivo y de los mecanismos legales que eventualmente se establezcan.

La decisión continúa en manos de la Asamblea Nacional

Hasta el 16 de noviembre, las informaciones consultadas sitúan el proyecto en la etapa de consulta y discusión parlamentaria. No se ha confirmado su aprobación definitiva.

La comisión legislativa deberá examinar las observaciones recibidas y determinar cuáles incorpora antes de presentar el proyecto para una segunda discusión.

La posición del CNP coincide con la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Espacio Público en un punto central: eliminar las penas de prisión no resulta suficiente si permanecen mecanismos que puedan limitar indebidamente la expresión pública.

El resultado de este proceso determinará si Venezuela mantiene una versión modificada de la legislación de 2017 o adopta una respuesta diferente a las solicitudes de derogación presentadas por los gremios y las organizaciones civiles.

Fuentes referenciales:
Unión Radio – Pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas, 13 de noviembre de 2026
El Diario – Objeciones del CNP al proyecto de reforma, 13 de noviembre de 2026
Espacio Público – Observaciones presentadas ante la Asamblea Nacional, 11 de noviembre de 2026
CIDH – Pronunciamiento sobre la Ley contra el Odio, 28 de octubre de 2026