La Corte Penal Internacional no ha decidido aún si abre o no una investigación formal en el caso Venezuela I, remitido en 2018 y que se centra en presuntos delitos cometidos desde abril de 2017.
El regimen venezolano informó este martes que envió a la Corte Penal Internacional un reporte de lo que considera han sido los daños causados a la población del país por las sanciones impuestas por EE. UU. y otros países durante los últimos años.
“Venezuela entregó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que ha causado las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano”, aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez en declaraciones transmitidas por el canal oficial.
La funcionaria explicó que este informe está relacionado con el examen preliminar que lleva la CPI, conocido como Venezuela II, remitido por el Gobierno venezolano en 2020 alegando que se han cometido crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales”.
De acuerdo con Rodríguez, entre otros aspectos, las sanciones han afectado los ingresos en divisas del país y la posibilidad de atender la pandemia. Recordó que no es el primer informe de este tipo consignado.
La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha insistido que los problemas del país no son a raíz ni comenzaron con las sanciones. El gobierno estadounidense ha sostenido que las sanciones no son permanentes y, de hecho, ya ha otorgado distintas licencias.
En la fiscalía de la CPI también reposa el caso Venezuela I, que centra en los presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el marco de manifestaciones antigubernamentales.
Al respecto, este mismo mes, un nuevo documento de la Corte ratifica que existen elementos para considerar “admisible” una investigación y observa “inacción” del Estado venezolano.
Mientras se espera una decisión final por parte del fiscal de la CPI Karim Khan sobre el caso Venezuela I, familiares de personas que consideran son víctimas de crímenes como detenciones arbitrarias o incluso asesinatos han insistido en ser escuchadas pues consideran que en el país “no hay justicia”.
Con información de la Voz de América
